Durante el espacio de oradores, en la sesión de la Cámara de Diputados de hoy, la diputada Celeste Amarilla hizo uso de la palabra para denunciar una maniobra concretada entre la empresa explotadora de la quiniela, TDP SA, y los miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Precisó que mediante un juego de palabras en el reglamento del juego, la firma evade unos US$ 20 millones en concepto de premios no entregados, dinero que corresponde destinar a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Socia (Diben) y el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress).

La diputada indicó que conforme a la normativa vigente, la recaudación correspondiente por la explotación de juegos de azar va destinada a pacientes que recurren a Diben y dinero para asistencia mediante el Fonaress. Recalcó que las concesionarias del rubro están cumpliendo con los pagos excepto TDP, firma del expresidente Juan Carlos Wasmosy y cuyo directivo es su hijo, Álvaro Wasmosy Carrasco.

Amarilla recalcó que el directivo de la compañía está acusado y con pedido de juicio oral junto a las autoridades de Conajzar por aparente corrupción en la adjudicación de la quiniela. En el caso de los funcionarios de dicho ente, también están procesados por aparentes hechos punibles relacionados a las tragamonedas y reducción del canon.

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Por “juego de palabras” en reglamento de Conajzar buscan evadir pagos

Amarilla indicó que el golpe se concreta mediante un simple y vergonzoso juego de palabras establecido en el reglamento del juego elaborado por la empresa y aprobado por Conajzar. La diputada precisó que según ese documento, la firma abona a los ganadores de aciertos y que no entrega premios. Por lo tanto, con su teoría, no está obligada a pagar impuestos por premios no entregados. La diputada destacó que hay tantas necesidades en la Diben y que con una vergonzosa maniobra están privado de recursos para la atención de la salud a los más necesitados.

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La diputada aclaró que el valor de la evasión se basa en estimaciones, es un valor presunto porque la empresa se negó a mostrar sus registros y su documentación. “Se tuvo que calcular en base a estadísticas, más o menos, seguramente favoreciéndoles porque acá hay gente poderosa, se determinó que el valor de la evasión de TDP es US$ 20 millones en concepto de premios no retirados”, expresó durante la sesión.

Se intentó conocer la versión de la empresa, pero la gerente de la misma, Gloria Rodríguez, no respondió la solicitud de la entrevista. Cabe señalar que esta denuncia surge en medio del proceso de la licitación pública para la concesión del juego apuestas deportivas, cuestionada por empresarios del rubro por considerar que los requisitos están direccionados.

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Causa judicial congelada

Cabe recordar que a inicios del mes de julio pasado, la Fiscalía acusó y pidió juicio oral para siete de los ocho procesados por supuestos hechos de corrupción en la gestión de juegos de azar. La causa se encuentra congelada tras presentación de recurso que suspendió la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú y la Cámara de Apelaciones todavía no resolvió esa acción.

La fiscala que lleva el caso, María Estefanía González, indicó que no existe dudas de hechos punibles en las decisiones vinculadas a la “regularización” de tragamonedas, la adjudicación de la explotación de la quiniela a una firma morosa con el Fisco y la reducción del canon a concesionarias en pandemia.

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Los acusados que irán a juicio

Los acusados son Rubén Antonio Roussillón Blaires, integrante de Conajzar y gobernador de Presidente Hayes, y Carmen Corina Alonso, titular de la Diben y precandidata al Senado por el movimiento oficialista.

Entre las exautoridades de la comisión acusadas están José Antonio Ortiz Báez, Omar Rodrigo Mongelós González, Raúl Mariano Silva Busto, Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez) y precandidato a gobernador de Presidente Hayes por el movimiento de Horacio Cartes.

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También se encontraba procesado el exprocurador Sergio Coscia, quien fue beneficiado sorpresivamente con sobreseimiento provisional. Coscia fue involucrado por elaborar y firmar el dictamen con el cual la Conajzar bajó el monto del canon a las concesionarias en pandemia, maniobra que puede aplicarse sólo mediante una ley.