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La rectora de la UNA, Zully Vera de Molinas, acudió este martes a la audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, para exponer el plan de gasto que la institución educativa pretende ejecutar el próximo año.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023 que fue presentado por el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, asigna a la UNA poco más de G. 1,5 billones (US$ 216,9 millones), lo que implica un aumento de 2,9% con relación al monto contemplado en el presente ejercicio.
La rectora, sin embargo, pidió a los legisladores la aprobación de un incremento de G. 655.433 millones (US$ 92,3 millones), en lo que respecta a los gastos financiados con recursos del Tesoro o impuestos.
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Explicó que el aumento presupuestario es para financiar el crecimiento vegetativo de las universidades, pagar los beneficios a funcionarios contemplados en el contrato colectivo, nivelación salarial para cargos administrativos y de docentes, gastos corrientes y de capital.
Aumento solicitado por la UNA es para creación de cargos docentes
Con respecto al crecimiento vegetativo, indicó que para cumplir con las exigencias de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) en cuanto a la habilitación de secciones por carreras de acuerdo a la cantidad estipulada por aula teniendo en cuenta la población de la UNA con mas de 40.000 estudiantes, asimismo se necesita la creación de cargos docentes para dar continuidad a las carreras vigentes y ajustes curriculares de las diferentes carreras de las unidades académicas.
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En lo que se refiere al contrato colectivo, incluye el pago de beneficios a 4.198 administrativos beneficios como por título de grado, antigüedad, insalubridad, que se abonan en un 60% con recursos del Tesoro y 40% con recursos institucionales.
Ley de arancel cero o gratuidad
La rectora Vera de Molinas señaló a los parlamentarios que con la Ley N° 6628/2020 de arancel cero o ley de gratuidad, la UNA recibió mucho menos recursos de lo que había solicitado para su aplicación y en ese contexto, pidió a la Comisión Bicameral de Presupuesto que a partir de 2023 la gratuidad se financie con recursos del Tesoro teniendo en cuenta que la transferencia resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las áreas misionales de las unidades académicas de la UNA.
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La ley de arancel cero actualmente es financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El informe presentado a la bicameral señala que la UNA cuenta con 14 facultades, y con filiales en 21 ciudades de los 12 departamentos del territorio nacional, 8 centros de investigación e innovación y 2 colegios.