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El ministro Alberto Martínez Simón, vicepresidente primero de la Corte, señaló a los legisladores que el plan de gasto para el próximo año incluye incremento salarial, pago de una mayor bonificación, 797 creaciones de cargos, nombramientos del personal contratado, inversión en tecnología e infraestructura, entre otros.
A criterio del ministro lo que se entiende como aumento salarial no es más que una “actualización salarial”, porque según dijo hace diez años que no se tiene un incremento en el Poder Judicial y, por ello, pidió que se tenga en cuenta toda la inflación acumulada en ese tiempo para otorga una “digna remuneración” al personal.
Los datos expuestos ante la Comisión Bicameral indican que el proyecto de la Corte asciende a más de G. 2,1 billones (US$ 307,2 millones al cambio presupuestado), lo que implica un aumento de G. 787.805 millones (US$ 110,9 millones) y representa 57% más que el presupuesto vigente.
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Comparando con lo asignado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso, el aumento es del 55,9%, ya que el referido plan le otorga poco más de G. 1,3 billones (US$ 197 millones), prácticamente igual al presupuesto que está en ejecución en el presente ejercicio 2022.
Aumento salarial y más cargos
La máxima instancia judicial ratificó casi todo lo que había aprobado en la sesión del mes de agosto, excepto en lo que se refiere a la creación de cargos ya que en principio se habló de 695 y finalmente se solicitó 779 en total.
El proyecto de presupuesto prevé suba en los ingresos de los magistrados (miembros del Tribunal de Apelación y juez de Primera Instancia) por la vía del aumento de la bonificación por responsabilidad en el cargo, que pasa de representar 12% a 20% del sueldo más gasto de representación.
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Así también, un aumento del 25% para los actuarios judiciales, 32% para ujier notificador y oficial de secretaría, 40% para dactilógrafo, para juez de Paz ajuste de hasta el 90% de la bonificación del juez de Primera Instancia, 31% para el ujier notificador de los Juzgados de Paz.
Los funcionarios permanentes percibirán un incremento salarial de acuerdo a un rango establecido: 5%, 10%, 15% y 20%; mientras que para el personal contratado se reajustará al salario mínimo vigente y se prevé el nombramiento de 1.315 contratados, entre otros beneficios contemplados.
Estos aumentos, sin embargo, no son garantía de tener la justicia “pronta y barata”, que espera la ciudadanía.