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El paquete de 28 proyectos otorga ampliaciones presupuestarias a diversas instituciones públicas, aumentos salariales para funcionarios, creaciones de cargos, indemnizaciones para exobreros y actualización de haberes jubilatorios para beneficiarios de la Caja Fiscal.
Los aumentos presupuestarios, en su mayoría, son para instituciones del Poder Ejecutivo que no fueron solicitados desde esta instancia, sino presentados como iniciativas de senadores y diputados.
El interés de los legisladores se manifiesta coincidentemente con la etapa electoral que atraviesa el país, atendiendo las internas partidarias previstas para diciembre y las elecciones generales para abril de 2023.
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Los datos manejados por el Ministerio de Hacienda advierten que, de aprobarse estos proyectos, el impacto que tendrán en las finanzas públicas asciende a US$ 1.800 millones, monto que pondría en jaque al fisco y haría retroceder al país 20 años, cuando inclusive entró en cesación selectiva de pagos.
Hay proyectos en estudio que reducen los ingresos del fisco en contrapartida a los aumentos
Esto obedece a que los proyectos en estudio reducen los ingresos por unos US$ 408 millones, que incluyen al régimen de exportación de turismo comercial, eliminación del impuesto a los combustibles, ampliación de la deducción del IVA a bienes y servicios, y eliminación del IVA de la canasta básica.
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También aumentan salarios, como el de los actuarios judiciales, funcionarios administrativos del Ministerio de Salud y del Congreso, con un costo de US$ 34 millones; así como prevé indemnización para exobreros de contratistas Itaipú y la equiparación de haberes de jubilados de la Caja Fiscal, con un costo de más de US$ 1.170 millones.
Ampliaciones presupuestarias en trámite
Además, están en trámite diversas ampliaciones presupuestarias por más de G. 332.539 millones (US$ 47,5 millones), que incluyen gastos adicionales, creaciones de cargos, subsidio a adultos mayores, indemnizaciones a exobreros de Puertos, bonificaciones, contratación de personal, entre otros.
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Está pendiente igualmente en el Congreso un proyecto de ley que establece la reparación a víctimas de violación de sus derechos humanos por exposición al peligro de parte de agentes del Estado y para los que participaron del combate de los días 2 y 3 de febrero de 1989.
Hacienda, sobre este punto, había señalado en su momento que por falta de datos era imposible estimar su impacto en las finanzas.