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La Distribuidora de Combustibles y Asociadas del Paraguay (DICAPAR) y la Cámara Distribuidora Paraguaya de Combustibles (CADIPAC) presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público por graves irregularidades en el manejo administrativo de Petropar.
En contacto con ABC TV, el abogado representante de los dos gremios, José Almada, explicó que la acción judicial está basada en un tópico especial que son las cesiones de ganancias que hace Petropar a algunos operadores de servicios.
Ejemplificó en qué se estaría produciendo la grave irregularidad. “Petropar como distribuidor firma contratos con operadores, donde pactan condiciones y montos de ganancias para cada una de las partes.
Dijo como un “ejemplo A” que la estatal se queda con el 4,3 % de las ganancias, mientras que un operador con el 7,2 %.
Pero yendo a un “ejemplo B” Almada sostiene en base a datos de la página de Petropar y de otras investigaciones que con ciertos operadores hay descuentos especiales de márgenes de ganancias de Petropar y descuentos de hasta 70 %. “Petropar de ganar G. 400 por litro está ganando G. 220 menos por litro”, señaló.
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No descarta que Petropar sea “una caja para elecciones” y que beneficiados sean políticos o sus familiares
En otro momento, el vocero de los gremios de distribuidoras de combustibles criticó por qué hay una cláusula A para unos y cláusula B para otros. Indicó que siempre está vigente la leyenda urbana que Petropar es una caja de dinero para campañas políticas.
“Si hacemos el une con flechas el beneficio sería un político. Hay que sumar todos los contratos y ver cuanta es la perdida económica sufrida por el estado”, expresó el representante legal. Sobre los acuerdos con estos grupo, Almada cree que podrían ser 15 a 20 y pide que la fiscalía investigue.
No descargó que existan deudas de operadores a Petropar y que se usa a la institución pública como un banco donde los operadores “bicicletean” sus moras.
Detalles de la denuncia penal contra Petropar
En un comunicado ambos gremios señalaron que la denuncia hace mención a la comisión de hechos punibles como lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos y otros por parte del propio presidente de Petropar, Denis Lichi y otros miembros del directorio.
Se trata de 14 fojas donde se indica, entre otros puntos, que no existe un control sobre la inversión realizada por parte de Petropar y que se actúa de acuerdo a la “cara del cliente”, de forma discrecional sin un criterio uniforme que cuantifique a todos por igual.
“La petrolera estatal no es una empresa privada, es pública y, como tal, su patrimonio es del Estado y de los ciudadanos paraguayos. Ante esta situación consideramos que si Petropar pierde dinero, el erario público es afectado”, explicó Almada.
“Desde la DICAPAR y CADIPAC se considera que Petropar no puede beneficiar a un solo sector, debido a que se trata de una distribuidora estatal y no puede ser manejada de forma discrecional favoreciendo a unos pocos y causando un perjuicio patrimonial multimillonario al Estado”, finaliza el texto.