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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, informó que días atrás se inició el llamado a licitación pública para la adjudicación del juego denominado “Apuestas Deportivas”, con carácter de exclusividad en todo el país y durante cinco años, conforme estipula la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, se mostró sorprendido con este llamado a licitación y con tan poco tiempo para la presentación de ofertas, y el excesivo precio del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que es de G. 60 millones. “Es una fortuna. Debería ser gratis”, dijo.
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Considera que el llamado estaría direccionado para favorecer a la empresa que actualmente explotado el juego. Esto, teniendo en cuenta que la comisión evalúa la experiencia, y la única que la tiene es la explotadora actual debido a que es monopolio, según lo explicado.
Se trata de la firma Daruma Sam (Apostala), cuyos accionistas son Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Carlos Manuel Lugo Garcete, y el representante legal es Carlos Sacco. Este último negó, sin embargo, que el llamado le favorezca y destacó que en 2017 (la convocatoria anterior), 15 empresas contaban con permiso provisorio.
En conversación con ABC, recordó que se plantearon proyectos de reforma, cuyos debates acompañó y en todas las ocasiones, sentó la postura de la empresa, que es a favor de desmonopolizar el juego.
Sacco había afirmado ya meses atrás que a la empresa le interesa que existan más “jugadores”, ya que el fisco recaudará más y ya no tendrán que denunciar los juegos clandestinos, los cuales representan una competencia desleal.
Sobre este punto, la titular de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, criticó la inacción del Gobierno de Mario Abdo Benítez ante la necesidad de reformar la normativa de juegos de azar. Ni siquiera se concretaron acciones para sanear y aclarar los hechos de corrupción que salpicaron a las autoridades de Conajzar, comentó.
La Fiscalía acusó y pidió juicio oral para siete personas por aparentes hechos de corrupción en la adjudicación de la quiniela, reducción del canon en pandemia a concesionarias y la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la ley vigente.
Para Rojas, no se registraron avances, sino que retrocesos y el monopolio de explotación de las apuestas deportivas se debe atender, puntualizó.
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