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El aporte figura en la ley de presupuesto vigente y en el proyecto de PGN 2023 como “Transferencias consolidables de las entidades descentralizadas a la Tesorería General”, aunque también se le conoce por su denominación anterior de aportes intergubernamentales.
El plan de gasto para el próximo año incluye a nueve entidades en el listado de las que durante el año tendrán que aportar parte de los recursos que generan con el servicio que prestan, a fin de cubrir los gastos previstos en diversas áreas.
Las entidades son: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con un aporte previsto de G. 180.000 millones; la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), G. 2.000 millones; la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), G. 180.000 millones; la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), G. 17.000 millones.
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También la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con un aporte previsto de G. 150.500 millones; la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), G. 4.000 millones; la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), G. 18.000 millones; Petróleos Paraguayos (Petropar), G. 128.300; y la Industria Nacional del Cemento (INC), 2.820 millones.
El monto total contemplado para el próximo año representa G. 682.620 millones (US$ 96,1 millones a cambio presupuestado), lo que implica G. 15.000 millones menos con respecto a establecido en la ley de presupuesto 2022.
Este año las referidas empresas y entidades del Estado tienen presupuestadas como transferencias un total de G. 697.620 millones (US$ 98,2 millones), pero algunas no aportan todo lo establecido. Por ejemplo, por decisión del Gobierno Petropar dejó de transferir temporalmente para reducir el precio de los combustibles, mientras que la ANDE no transfirió ni el 5% de lo que le corresponde porque debe cubrir el subsidio, según explicaron desde Hacienda.
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El proyecto de presupuesto 2023 puesto a consideración del Congreso asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), monto que aumentará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones) de aprobarse la ampliación del tope de déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB como lo solicita el Poder Ejecutivo.
De este monto total, a la Administración Central le corresponde G. 53,6 billones (US$ 7.557 millones) y a las Entidades Descentralizadas G. 48,9 billones (US$ 6.896 millones). Según los datos de Hacienda, el plan se financia con recursos del Tesoro Público en un 35%, crédito público en 13% y recursos institucionales en 52%.