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Un grupo de trabajadores de juegos de azar se concentró frente a la sede de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, para exigir la intervención estatal a la empresa explotadora de la quiniela, Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, cuyo directivo es su hijo Álvaro Wasmosy Carrasco.
Alicia Gutiérrez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba) indicó que en pandemia, la empresa redujo de 25% a 20% el porcentaje de ganancia de los trabajadores, de manera unilateral. Hasta ahora, la compañía no regularizó la ganancia de los levantadores de apuestas.
Gutiérrez indicó que la presidenta de Conajzar le invitó a su oficina, tras detectar que se encontraban los manifestantes en la calle, con carteles y batucada. Precisó que Galván se comprometió a indagar al respecto. Se trata de una promesa reiterativa.
“Esperamos que realmente se normalice el porcentaje de ganancia de los quinieleros”, afirmó.
ABC intentó conocer la versión de la empresa referente al reclamo de los trabajadores pero la gerente de la firma, Gloria Rodríguez, no respondió la solicitud de entrevista. La nula respuesta de la compañía es una constante.
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Directivo de TDP, acusado en una causa sobre adjudicación de la quiniela
La fiscala María Estefanía González acusó y pidió juicio oral para siete de las ocho personas procesadas en el caso de Conajzar. Una de ellas es Wasmosy, quien evitó dar declaraciones a la prensa, y su abogado, José Fernández Zacur, había manifestado a ABC que se prefiere dejar en la instancia judicial los planteamientos que se considerarán necesarios realizar.
El Ministerio Público investiga la adjudicación de la quiniela a la firma a pesar de que se encontraba morosa, además la reducción del canon en pandemia y la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos.
Con relación a la acusación, hasta el momento el juez Humberto Otazú no resolvió lo planteado. Convocó a los involucrados para la audiencia preliminar pero las partes involucradas presentaron un recurso que impidió el desarrollo de la citada diligencia. De esta manera, todavía no se define si la causa va a juicio oral.