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El informe de intervención de la Cooperativa San Cristóbal Ltda sigue revelando terribles irregularidades en la gestión administrativa de la entidad solidaria, que por años estuvo dirigida por el clan de Juan Carlos Ozorio, ex titular de la entidad solidaria y ex diputado, procesado por lavado de dinero y narcotráfico en el operativo A Ultranza PY.
En lo que respecta a los gastos, se evidenciaron millonarios pagos realizados a proveedores de servicios, algunos de ellos que no se justificaron correctamente, comprobantes que no reunían los requisitos legales, servicios o gastos que no se pudieron comprobar, y extraños depósitos en cuentas de socios.
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Entre los gastos resalta la millonaria erogación en marketing y publicidad alrededor de G. 47.028 millones (US$ 7 millones), plata de los asociados que destinó la Cooperativa en los últimos 4 años a este fin. Monto que resultó llamativo a la intervención, encontrándose serias irregularidades en las millonarias campañas que en nada ayudaron a mejorar la captación de socios o incremento de su cartera.
No se frenó la fuga de socios
La intervención no encontró documentos que certifiquen el análisis del impacto de las campañas de marketing y publicidad y más bien se pudo evidenciar una decadencia en la nómina de socios, registrándose más bajas que nuevos ingresantes. En el 2021, se dio de baja a 15.000 socios e ingresaron 8.000.
La nómina de asociados bajó de 85.767 en el 2018 a 77.500 asociados en el 2021. En lo que respecta a la cartera de préstamos bajó en 17,2%, y la cantidad de tarjetas de crédito se redujo en 56%.
Conforme a estos datos, la intervención concluyó que las costosas y sucesivas campañas de marketing y publicidad llevada a cabo por la Cooperativa lejos de contribuir a mejorar, ha repercutido en forma negativa, lo cual va en detrimento de los intereses de los asociados.
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Otros gastos irregulares
La intervención también detectó varios contratos de servicios profesionales independientes que no condicen con la situación real, con deficiencias y en detrimento de los asociados. Estos profesionales independientes gozaban de beneficios como tratamiento salarial diferenciado, no cumplían un horario fijo y en caso de rescisión o no renovación de contrato, la cooperativa debía indemnizar en los términos de contrato establecido en el Código Laboral.
Refacciones millonarias
Por otra parte, la intervención también observó el desembolso realizado en reparaciones y refacciones, específicamente en el 2020 por G. 2.590 millones, incluso más que en el año anterior, cuando no hubo crisis sanitaria. Tal situación supone que no suspendieron las obras para disminuir los gastos, considerando la difícil situación que atravesaba el país y actuaron contrario a los reglamentos que mencionan de adquisiciones de necesidades reales.
Solo la Empresa Imexpa SRL prestó servicios de refacción y mantenimiento por G. 10.236 millones entre el 2018 y 2021. En el 2020 (en plena pandemia) se autorizó a este proveedor servicios por G. 2.590 millones.
Créditos irregulares entre el Clan Ozorio y allegados
Allegados al ex titular de Coop. San Cristóbal Juan C. Ozorio, ex directivos, amigos y vinculados al operativo “Ultranza”, son los principales beneficiarios de créditos bajo la dudosa modalidad de “descuento de cheques” y de manera irregular por G.133.593 millones (US$ 19 millones).
Solo el ex titular de la entidad y ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado en el operativo “Ultranza Py” accedió a créditos bajo la modalidad de “descuento de cheque”, por valor de G. 18.740 millones (US$ 2,7 millones), de manera irregular y sobrepasando ampliamente los límites y transgrediendo exigencias de los reglamentos.