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Trabajadores de la Quiniela decidieron hacer un “apagón” de las máquinas para levantar apuestas de este juego, como medida de protesta contra la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, cuyo directivo es su hijo Álvaro Wasmosy Carrasco.
Alicia Gutiérrez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba) recordó que en pandemia, la empresa redujo de 25% a 20% el porcentaje de ganancia de los trabajadores de manera unilateral.
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“Exigimos el ajuste del porcentaje de ganancia de los trabajadores de la quiniela. Se redujo de manera unilateral, supuestamente de manera temporal, pero hasta ahora sigue igual”, afirmó. Se trata de una exigencia que hace tiempo realiza el sector.
Comentó que si bien es una situación que afecta a todos los trabajadores, muchos no se sumaron a la medida por temor a represalias.
Además, Gutiérrez cuestionó la inacción de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, que mantiene el contrato con la empresa a pesar de que existen indicios de incumplimiento de obligaciones, conforme se desprende de la investigación fiscal en curso.
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Gutiérrez señaló que medios masivos de comunicación se hacen eco de los hallazgos hechos en la investigación del Ministerio Público, pero Conajzar y TDP siguen “como si nada”. Entre los aspectos llamativos está la desaparición del decreto al que aduce la empresa como argumento para incumplir con el pago de impuestos por la explotación del juego. Se trata del Decreto N° 1860 del 2019, documento que no existe en la web de Presidencia.
Se intentó conocer la versión de la empresa referente al reclamo de los trabajadores, al igual que los puntos señalados por la Fiscalía, pero la gerente de la firma, Gloria Rodríguez, no respondió la solicitud de entrevista de ABC.
Directivo de TDP, entre los acusados en causa de juegos de azar
La fiscala María Estefanía González acusó y pidió juicio oral para siete de las ocho personas procedas en el caso. Hasta el momento, el juez Humberto Otazú no resolvió lo planteado. Convocó a los involucrados para la audiencia preliminar pero las partes involucradas presentaron un recurso que impidió el desarrollo de la citada diligencia. De esta manera, todavía no se define si la causa va a juicio oral.
