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A través del Decreto N° 7.742, de fecha 2 de setiembre, el Ejecutivo objeta totalmente la referida ley que amplía el presupuesto de la Contraloría General de la República, sancionada por el Congreso el 24 de agosto último.
Este proyecto forma parte de un paquete de ampliación presupuestaria, iniciativa de diputados y senadores, que está en estudio en el Congreso, que beneficia a 12 entidades y el monto total asciende a G. 265.704 millones (US$ 38,3 millones al cambio vigente), en su mayor parte para aumentos salariales, creaciones de cargos y pago de beneficios extras.
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Un primer proyecto de este paquete ya fue vetado en agosto por el Ejecutivo, que otorga aumento salarial a los actuarios judiciales argumentando, entre otros motivos, que tendrá un costo de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones) y no existen los recursos para financiarlo.
El Ejecutivo devolvió al Congreso dicha ley argumentando, entre otros, que la ampliación de más de G. 11.101 millones (US$ 1,6 millones al cambio vigente) será financiada con recursos del Tesoro y se destinará en un 95% para cubrir servicios personales, pago de horas extras y adicionales, bonificaciones, contratación de personal y gastos adeudados del ejercicio 2021, viáticos y movilidad.
Carga horaria laboral de 6 horas
En el decreto se señala que, en los últimos años, la Contraloría recibió recursos públicos destinados a aumentos salariales, así como incrementos para el pago de otros conceptos dentro del grupo de servicios personales sin verificarse razones justificables, como la asignación de nuevas funciones legales o la adecuación en su carga horaria laboral.
“Que por el contrario, los funcionarios de la Contraloría General de la República siguen manteniendo una carga horaria laboral de 6 horas diarias, en desigualdad con los demás funcionarios y empleados públicos que deben cumplir una carga horaria laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales, por lo que, en virtud de tales circunstancias, no resulta razonable la ampliación presupuestaria para cubrir el pago de horas extraordinarias y adicional sin que cumplan, cuando menos, el mínimo establecido en las disposiciones legales vigentes”, sostiene el Ejecutivo.
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Además, agrega el decreto, el incremento de G. 5.131 millones para el pago de bonificaciones representa un gasto rígido en servicios personales previstos solamente para cuatro meses, por lo que el impacto será mucho mayor para el ejercicio fiscal 2023, al considerarse el total de meses del año.
“Esto, mientras el Poder Ejecutivo, en un contexto de recuperación económica, se encuentra enfocado en la racionalización del gasto y en la asignación de recursos en beneficio de los programas sociales e inversiones públicas”, afirma.
Resalta igualmente que la referida ampliación presupuestaria carece de análisis técnicos que avalen la posibilidad de contar con los ingresos adicionales que permitan al Ministerio de Hacienda asignar nuevos recursos con recursos del Tesoro. “Que de acuerdo con el análisis del comportamiento de los ingresos tributarios, no se observa un crecimiento por encima de lo estimado en el Presupuesto General de la Nación, que permita financiar ampliaciones con recursos del Tesoro”, deja en claro el Ejecutivo.
Transgrede principio de responsabilidad fiscal
Afirma que, de ser aprobada la iniciativa, al implicar requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería General sobre lo aprobado en el presupuesto actual, que se encuentra desde ya sobreestimado, se ocasionará, indefectiblemente, un desfasaje entre ingresos y gastos, trayendo aparejada la transgresión al principio general de responsabilidad fiscal.
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Insiste en que teniendo en cuenta los resultados deficitarios para la fuente de financiamiento recursos del Tesoro, cuyas asignaciones se encuentran por demás acotadas por rigideces estructurales y legales, en el mediano plazo no se proyectan perspectivas de crecimiento o márgenes adicionales que permitan el financiamiento de la ampliación planteada sin detrimento de otros gastos aprobados en el Presupuesto General de la Nación.
En ese sentido, indica que el Ejecutivo considera inviable la aprobación de la propuesta legislativa.