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El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, puso ayer a consideración del Congreso el proyecto de PGN 2023, que incorpora a 101 instituciones públicas componentes de la Administración Central y de Entidades Descentralizadas, que representa el 33% del producto interno bruto (PIB).
La ley de responsabilidad fiscal establece que en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto, el déficit fiscal no será mayor al 1,5% del PIB, por lo que el monto inicial propuesto por el Ejecutivo, en esta circunstancia, asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.545 millones).
El Ejecutivo, sin embargo, solicita al Congreso que eleve el tope del déficit a 2,3% del PIB para cubrir mayores gastos en salud e inversiones, que de ser aprobado hará que el monto final del proyecto de presupuesto aumente a G. 105 billones (US$ 14.792 millones).
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El proyecto inicial crece 6% comparando con el presupuesto aprobado 2022, de G. 96,7 billones (US$ 13.635 millones) y 1,3% con relación al vigente, de G. 101,3 billones (US$ 14.274 millones); pero de ampliarse crecerá 8,4% comparando con el aprobado y 3,6% con relación al actual.
A la Administración Central le asigna G. 53,6 billones (US$ 7.577 millones), que equivale al 52% del total; y a las Entidades Descentralizadas G. 49 billones (US$ 6.897 millones), que equivale al 48%. Estos gastos se financian con recursos del Tesoro Público en un 35%, crédito público en 13% y recursos institucionales en 52%.
Gasto salarial en el presupuesto
El 28,7% del presupuesto total se destinará al pago de los servicios personales, que incluye salarios y otros beneficios de los funcionarios, por ejemplo bonificaciones, horas extras, remuneraciones adicionales. De acuerdo con los datos de Hacienda, G. 22,8 billones (US$ 3.212 millones) de los ingresos tributarios que prevén recaudar se destinarán al pago de los servicios personales.
En ese contexto, se menciona que en lo que refiere a la participación de los salarios con respecto a las recaudaciones, tiene un peso del 70% sobre el total y esto implica que de cada G. 100 recaudado, G. 70 irán al pago de salarios.
El proyecto contempla un aumento salarial del 16% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que se pagará en dos etapas: 8% en marzo y 8% en julio.
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Además, un reajuste por efecto de la variación del sueldo mínimo para funcionarios administrativos que ganan hasta ese monto, policías, militares, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, sectores públicos que tienen indexados sus remuneraciones al salario mínimo.
También se reajustan la pensión y el subsidio para veteranos de la Guerra del Chaco, la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, sector al que prevén incorporar a 20.000 nuevos beneficiarios y otros 5.000 nuevos beneficiarios para el programa Tekoporá.
Hay una fuerte apuesta a los programas sociales en plena etapa electoral del país, en coincidencia con el calendario que para diciembre prevé la realización de las internas partidarias y en abril del próximo año las elecciones generales.
El plan incluye igualmente la implementación de carreras de enfermería y de médicos del Ministerio de Salud Pública, así como en los bancos oficiales componentes de la Administración Central.
Creación de cargos y más deuda
A la par de los aumentos y reajustes, prevén para el próximo año 316.383 cargos públicos, lo que representa un aumento de 1.750 con respecto al presente año. Según Hacienda se trata principalmente de cargos en las Fuerzas Públicas y en Salud Pública.
Todo este paquete de gastos rígidos tienen un fuerte impacto en la finanzas públicas y terminará consumiendo totalmente la mejora del 9% que estiman en la recaudación tributaria para el próximo año, que deja prácticamente sin margen de maniobras al fisco.
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En cuanto al endeudamiento que incluye todo el presupuesto ronda los US$ 1.400 millones y de estos, US$ 1.000 millones corresponden a la Administración Central, dijo el ministro Llamosas ayer.
El endeudamiento es por la vía de la contratación de préstamos y la emisión de bonos, en este último caso prevén colocar US$ 548 millones, que se destinarán al pago del servicio de la deuda o para el “bicicleteo”, como se lo conoce comúnmente y para obras públicas que serán encaradas por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda.
El servicio de la deuda aumenta en unos US$ 80 millones, entre el pago de capital y de los intereses, atendiendo el elevado nivel de compromisos asumidos, aunque Hacienda sostiene que está en un nivel relativamente estable y bajo comparado con los demás países. Al respecto se mencionó que la deuda pública representará el próximo año el 37,8% del PIB.