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El informe de intervención de la Cooperativa San Cristóbal Ltda sigue sorprendiendo por las serias irregularidades que se verificaron en las operaciones con sus asociados, especialmente con un grupo allegado a su extitular Carlos Ozorio (imputado en el operativo Ultranza) lo que refleja una debilidad institucional del órgano regulador que en teoría debería velar por la salud financiera y estabilidad del sistema cooperativo.
Según se puede observar en el reporte elaborado por la intervención y que fue presentado a los socios el pasado sábado, el propio extitular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) Félix Hernán Jiménez Castro, quien dirigió el ente regulador entre el 2015 y 2019, es el principal deudor y moroso en la entidad intervenida.
Jiménez accedió a millonarios créditos y de forma irregular en San Cristóbal estando en ejercicio en el órgano regulador, registrando un atraso significativo en sus pagos. Luego, en el 2020 y beneficiándose de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19 que autorizaba la refinanciación de deudas se acogió a esta alternativa y solicitó una refinanciación por G. 1.719.769.468 en fecha 19 de noviembre de 2020, que no ha pagado una cuota desde entonces hasta el cierre del informe de intervención.
El préstamo fue concedido a 12 meses de plazo a una tasa del 22,5% a sola firma, y fue aprobado por el Consejo de Administración, pasando por alto las observaciones de los analistas de crédito, que recomendaron su rechazo.
Créditos por encima de su capacidad de pago
Jiménez contaba en el momento de análisis de la deuda con un nivel de endeudamiento post cuota muy elevado de 773%. Es decir, el socio declaró ingresos muy inferiores al monto de la cuota del préstamo solicitado.
El ingreso declarado por Jiménez fue G. 22.500.000, pero la cuota del crédito era de G. 173.912.139, monto impagable a juzgar por los ingresos que declaró.
A esto se suman los antecedentes en Informconf en donde figuraban dos operaciones morosas con la Cooperativa intervenida, cuyos saldos eran de más de G. 800 millones.
Desde noviembre de 2020, cuando se autorizó la refinanciación hasta la actualidad, Jiménez no abonó ninguna cuota de su deuda y se luce como el “mayor deudor” de la entidad intervenida, a los G. 1.719 millones se deben sumar los intereses moratorios por lo que estaría superando los G. 2.000 millones la deuda final.
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Transferencias de la Cooperativa a Jiménez
En el año 2016, cuando Jiménez estaba al frente del Incoop, se verificaron además pagos irregulares de una refinanciación anterior. Los mismos fueron realizados mediante asientos y débitos contra una cuenta de ahorro de Jiménez, el cual se fondeaba mediante transferencias que realizaba la propia Cooperativa San Cristóbal Ltda. en concepto de “Pago a proveedores”, que en realidad correspondían a pago de honorarios profesionales de dos abogados, pero que no se ha encontrado evidencia sobre el trabajo o gestión de los mismos, más que la simple presentación de las facturas, lo que también da pie a otro posible delito impositivo.
En la lista de mayores deudores también sobresalen el ex titular de San Cristóbal Carlos Ozorio (G. 1.478 millones), Pedro Alberto Franco (G. 1.4139 millones). Marta Stella Maris Lugo (G. 1.100 millones), Basilio Núñez, G. 1.020 millones, entre otros (ver listado).