El presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, afirmó que no existe ninguna nota para solicitar al Gobierno más subsidios como una condición para trasladar gratis a las personas con discapacidad en el sistema de transporte público.

Sin embargo, dijo que el Estado se debe hacerse cargo del costo de los pasajes de la población exonerada. “Los gastos que representan se tiene que introducir en el presupuesto general de gastos de la nación del año”, señaló.

Además, cada vez existen más quejas de usuarios de esa población porque los colectivos no le alzan, pese a que los transportistas están recibiendo desembolsos récord en concepto de subsidios.

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Pero aunque Ruiz Díaz asegura que no buscan más subsidios, lo cierto es que en 2020 se promulgó la Ley N° 6556 que exonera del pago del pasaje a todas las personas con discapacidad, beneficio que hasta entonces sólo era para gente con discapacidad visual. La nueva ley se reglamentó con el Decreto N° 4821, documento que el presidente Mario Abdo Benítez firmó el 9 de febrero de 2021.

Indicó que en el artículo 3° de la ley se establece que la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) debe hacerse cargo de los gastos. Sin embargo, la redacción de la normativa no especifica cuáles gastos.

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El decreto dispone que Senadis se encargue de certificar a los beneficiarios y estipula que los primeros asientos de los buses serán para la gente con discapacidad. Además, que las empresas no podrán negarse a trasladarle y si lo hacen, se estipula la sanción de multa de 50 jornales mínimos (G. 4.904.450), y otros 200 jornales mínimos (G. 19 milones) en caso de constatarse reincidencia.

Teniendo en cuenta que los empresarios reciben cada vez más dinero público, se le consultó a Ruiz Díaz si acaso esos subsidios no cubren el traslado gratuito a los discapacitados. Pero él respondió que no, ya que esos pagos corresponden al valor de la tarifa técnica.

Sin embargo, lo que no menciona es que justamente la tarifa técnica se calcula sobre un servicio óptimo, que no se condice con el que se brinda a todos los pasajeros en general, menos todavía a los que tienen discapacidad.

Gobierno no da respuesta

ABC intentó conversar con la ministra de Senadis, Mariela Ramírez, y el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, pero no respondieron. Ever Solís, de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual, manifestó que el sector reportó al Gobierno que no logran acceder a las tarjetas del billetaje electrónico y ni usarlas aquellos que ya poseen.

En una conversación anterior, desde el Senadis se había explicado que esta institución ya otorgó las tarjetas que identifica la discapacidad de las personas pero que el Viceministerio de Transporte no realizó las gestiones para entregar los plásticos para el pago de pasaje, que es otra tarjeta. De esta manera, sólo con la otorgada por la Senadis, los interesados no pueden acceder a la exoneración del pasaje.

Desde la citada Secretaría señalaron días pasados que al parecer, lo que buscan transportistas es más dinero público. Cetrapam niega que busquen subsidios, pero reconocen que ellos no quieren hacerse cargo de los costos y que eso debe estar contemplado en el presupuesto general de la nación, es decir, dinero estatal.

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No obstante, se puede ver que ninguna de las instituciones involucradas dieron una respuesta al respecto, mientras tanto, los que deberían ser beneficiarios del traslado gratis, según se estableció por ley, sufren las consecuencias.

Según las quejas que incluso se viralizan en las redes sociales, las personas con discapacidad no lograr viajar en el colectivo, porque actualmente los choferes ni siquiera paran para alzarles, directamente les ignoran.

Cada vez más pagos al sector

El Poder Ejecutivo “congeló” el precio del boleto para el usuario del transporte público de Gran Asunción pero triplicó el pago de subsidios a empresarios del rubro, conforme a un comparativo del primer trimestre de cada uno de los tres últimos años. En el 2021, el Gobierno transfirió US$ 20 millones y en el primer trimestre de 2022, US$ 7 millones.