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El informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) sobre los resultados de la intervención llevada a cabo a la Cooperativa San Cristóbal Ltda., detalla la serie de irregularidades detectadas en las operaciones realizadas durante la presidencia del exdiputado (ANR-Añete), Juan Carlos Osorio.
El exlegislador fue apresado en el marco del operativo “A Ultranza”, imputado por lavado de dinero, tráfico internacional de estupefaciente y asociación criminal, actualmente guarda reclusión en la cárcel de Emboscada.
El Incoop menciona, entre otros, que en la intervención se detectó depósitos de ahorro sin respaldo, débiles controles antilavado, evidencias de malversación, créditos sin aval que incumplen disposiciones y que beneficiaron, principalmente, a directivos, entre ellos a imputados vinculados con el operativo contra el crimen organizado “A Ultranza Py”.
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La nota hace igualmente referencia a “socios aparentemente vinculados entre sí, con préstamos mal concedidos, pagos de origen dudoso y con saldo 100% en mora”. En ese sentido, señala que se hizo seguimiento a los préstamos concedidos a socios que terminaron solicitando refinanciación mediante “notas de un mismo tenor” y que a la fecha representa montos importantes impagos que impactan en indicadores de mora y en los resultados por previsiones.
Diputado cartista “Bachi Núñez”
Al respecto en el informe se expone la situación de los préstamos refinanciados al 22/07/2022, acorde a los extractos “consultas a movimientos” del sistema informático. En el cuadro del informe aparecen cinco socios, con fecha de desembolsos de entre el 19 y el 23 de noviembre de 2020 (varios el mismo día) por un monto de más de G. 4.911 millones, con cuotas vencidas y que sumados los intereses y gastos, superan los G. 7.306 millones.
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La lista incluye a Félix Jiménez, expresidente de Incoop, con una deuda total de G. 2.251 millones; Lilian Rocío Gómez Romero, con una deuda de 1.270 millones; Claudeline Esperanza Rojas Arévalos, con una deuda de 1.028 millones; el diputado (ANR-Cartista) Basilio “Bachi” Núñez, con una deuda de G. 1.619 millones; y Javier Alexis Rotela Castro, con una deuda de G. 1.135 millones.
Claudeline Rojas fue secretaria de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y es la que, de acuerdo a publicaciones realizadas el año pasado, aparece como la compradora y luego vendedora al Astillero Villa Hayes SA, cuyo accionista es el diputado Núñez, de los dos lotes municipales a orillas del río Paraguay.
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También estuvo involucrada en el “negocio inmobiliario” sobre una isla y brazo del río Paraguay, frente a la localidad de Remansito (Villa Hayes), caso denunciado ante el Ministerio Público. Rojas en aquel entonces era la nuera de Ricardo Núñez, hermano de “Bachi”, que fue titular de la Opaci.
El informe del Incoop indica que las operaciones realizadas fueron beneficiadas por el Consejo de Administración en cuanto a: otorgarles créditos sin considerar recomendaciones de analistas y vulnerando en todos los casos normas establecidas.
Recibieron importantes quitas
Además, fueron beneficiadas con importantes montos de quitas de intereses compensatorios, intereses moratorios-punitorios y otros. En ese contexto, señala una quita total de G. 1.174 millones, dentro de este paquete al diputado Núñez se le benefició con más de G. 248 millones y a Rojas con más de G. 148 millones.
En cuanto a la relación laboral, dice el informe que en algunos casos y principalmente en las operaciones de descuentos de cheques indician que los socios y/o las operaciones estaban vinculadas entre sí y mantenían una relación estrecha, vulnerando normas relacionadas al otorgamiento de préstamos con garantía documentaria, en cuanto a “no se aceptarán” cheques personales, cheques de empresas o persona relacionadas con el socio que descuenta; librador con malas referencias en el merado o cualquier situación que sugiera que el cheque propuesto sea de riesgo superior a lo norma entre otros.
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El informe incorpora un cuadro en donde revela que los cinco socios que recibieron la refinanciación declararon como lugares de trabajo: Jiménez, Opaci, Incoop, socio propietario (80%) de FG Mercantil, Comercial e Industrial S.A; Gómez Romero, socia propietaria (20%) de FG Mercantil, Comercial e Industrial S.A; Rojas, Opaci; el diputado Núñez, Opaci, Cámara de Diputados, Astilleros Villa Hayes (Gerente-Asesor Comercial); y Rotela Castro, FG Mercantil, Comercial e Industrial S.A (Gerente de FG Marketing).
Pidió que no se le moleste
En un apartado, el informe señala que “es llamativo que en informe de seguimiento por mora del préstamo N° 7 del socio N° 156.142, el 10/01/2019, quedó registrado: Indica que tiene un trato especial con el Diputado, que converse con el mismo acerca de su deuda que no le vuelva a llamar, y el 30/10/2019 Indica que él tiene trato especial con Presidente de la CSC, que no le moleste más y se va a abonar oportunamente, corta la llamada”. El número de socio corresponde a Núñez.
El informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) en donde detalla el resultado de la intervención realizada a la Cooperativa San Cristóbal, identifica a los que obtuvieron los préstamos con el número de socio, no así por el nombre. Sin embargo, los que reclaman transparencia y castigo a los responsables del manejo delictivo de la entidad, facilitaron los nombres con los números de socios “para que la gente sepa quienes son”.