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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó el último martes el proyecto de presupuesto que presentará a consideración del Congreso para su aprobación, a más tardar el próximo 1 de setiembre.
El proyecto total asciende a más de G. 2,1 billones (US$ 305,8 millones al cambio presupuestado), lo que implica un incremento de 56% con relación a al plan de gasto 2022.
Además de los aumentos salariales, nombramientos y creaciones de cargos contemplados en el proyecto de presupuesto para el próximo año, se asignan los fondos que serán destinados a la contratación de seguro médico para los funcionarios.
El informe presentado ante la Corte en la plenaria del último martes, da cuenta que se prevé G. 172.669 millones (US$ 24,3 millones al cambio presupuestado) para el seguro médico.
El plan establece el pago de noviembre y diciembre de 2022, con un costo de G. 18.768 millones; y para el ejercicio 2023 el requerimiento para cumplir con los funcionarios alcanza G. 138.414 millones; a lo se suma los contratados que serán nombrados, para lo que se necesita G. 15.517 millones.
El monto total representa un aumento de G. 69.639 millones (US$ 9,8 millones) con respecto al monto asignado para el presente ejercicio 2022 de G. 103.059 millones (US$ 14,5 millones).
Según el cuadro comparativo presentado ante la Corte, el anteproyecto de presupuesto consigna G. 144.000 millones (US$ 20,2 millones) para el seguro médico, lo que implica G. 800.000 por funcionario.
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A la propuesta inicial, sin embargo, se le sumó G. 200.000 por funcionarios para llegar a 1.000.000, “en atención a la solicitud de los gremios sindicales del Poder Judicial (SIFUREP y PRISINTRAJUPAR)”.
En ese contexto, argumenta que el Artículo 430 del Anexo “A” del Decreto MH N° 6581/2022 que dispone: Los OEE podrán adjudicar durante el presente ejercicio fiscal, la cobertura del servicio médico y odontológico privado, a través de empresas y/o entidades privadas o corporaciones nacionales
, para sus funcionarios por un monto que en ningún caso podrá sobrepasar la suma de G. 1.000.000 por cada funcionario en total.
Aumento salarial para funcionarios
La Corte también contempla un aumento salarial para los magistrados, por la vía del incremento de la bonificación por responsabilidad en el cargo, que de 12% pasa a representar 20% del sueldo percibido más el gasto de representación.
Los funcionarios permanentes,
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por su parte, recibirán un incremento en función a un rango salarial establecido: 20% para los que ganan desde 2.289.324 a 4.600.000; 15% para los que ganan desde 4.601.000 a 6.650.000; 10% para los que ganan desde 6.651.000 a 8.900.000; y 5% para los que ganan desde 8.901.000 en adelante.
Así también el personal contratado tendrá un ajuste al salario mínimo vigente y aquellos con títulos de grado pasarán de jornales a honorarios.
El plan prevé igualmente la creación de 695 cargos en las diferentes dependencias de la institución.
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Tienen autarquía presupuestaria
El Poder Judicial y el Congreso tienen autarquía para el manejo de sus respectivos presupuestos, por lo que van directamente a consideración de los legisladores, sin pasar antes por el Ministerio de Hacienda. Incluso, el plan financiero que aplica anualmente la cartera fiscal para controlar el déficit no afecta a estos dos poderes, solo a las instituciones componentes del Poder Ejecutivo.
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En el presente ejercicio , tanto el Legislativo como la Corte están por Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 exceptuados de cumplir los requisitos establecidos en la Ley N° 1626/2000, de la función pública; y en la Ley N° 6622/2020, que establece medidas de racionalización del gasto público.