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Los nombramientos en cargos permanentes se vienen realizando en los últimos tiempos con mayor frecuencia a medida que se acercan elecciones partidarias, prevista para el 18 de diciembre, y las generales, establecida para el 30 de abril de 2023.
Entre julio y lo que va agosto, el Ejecutivo dio a conocer varios decretos de nombramientos en instituciones como la Dirección Nacional de Correos (10), Ministerio de Justicia (1), Ministerio de Defensa (3) y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (6).
También en el Ministerio de Interior-Migraciones (3), Ministerio de Industria y Comercio (2), Ministerio de Hacienda (11) y en el Ministerio de Salud (784).
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Los argumentos son los mismos de siempre, que forman parte del programa de desprecarización laboral o para cubrir las vacancias existentes en las entidades públicas, para ello se afirma en los decretos que se realizaron los correspondientes concursos.
En el caso de Salud Pública, el ministro Julio Borba había anunciado en el mes de junio el nombramiento de 3.500 funcionarios, entre personal de salud (3.222) y administrativos (238), de los cuales 2.200 ya habían sido confirmados en aquel entonces.
El programa de desprecarización laboral no es otra cosa que los contratados pasan a ser permanentes en la estructura del Estado y reciben todos los beneficios establecidos en el presupuesto, además de liberar cupos para nuevas contrataciones.
Cantidad de cargos
En la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 se tienen asignados 314.633 cargos de funcionarios permanentes, distribuidos en todas las instituciones componentes de la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, entre 2019 y 2022 se crearon 12.707 nuevos cargos que se financian con los recursos que aporta la ciudadanía, ya sea a través del pago de los impuestos o de los servicios.
En la administración pública se implementa cada año el retiro voluntario, programa creado inicialmente para reducir cargos y el gasto salarial en la administración pública, pero ocurre todo lo contrario.
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A pesar de que desde hace décadas desde el sector privado se viene reclamando la reforma del Estado, el proceso no avanza y menos aún en los tiempos electorales.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, recientemente durante la rendición de cuentas realizada en San Ignacio, departamento de Misiones, señaló que el 75% de los recursos del Tesoro se destina al pago de los salarios públicos y el 15% a la atención de la deuda pública, en tanto el resto a programas sociales y otros gastos.
En ese contexto, destacó que el presupuesto tiene un reto importante para sostener la inversión en salud, los programas sociales y la inversión en infraestructura.