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A dos semanas del vencimiento del plazo máximo para la presentación del proyecto de PGN 2023 al Legislativo, la cartera fiscal deberá acomodar los gastos al tope de déficit fiscal, porque la Ley N° 5098, de Responsabilidad Fiscal, obliga a que no sea mayor a 1,5% del PIB.
Los técnicos de Hacienda explicaron que, como cada año, el proyecto de presupuesto será remitido al Parlamento con un déficit respecto al tope legal y que mediante un artículo que incluirán en el proyecto de ley, solicitarán autorización para llevar el límite a 2,3% del PIB, tal como está contemplado en el plan de convergencia fiscal.
El referido plan de convergencia es un compromiso que asumió el gobierno para volver al tope de déficit de 1,5% del PIB en 2024, para lo cual dispuso la aplicación de un plan de reducción gradual de la manera siguiente: este año cerrará en 3%, el próximo deberá bajar al 2,3% y en 2024, con un nuevo gobierno instalado, retornar al 1,5%.
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Los técnicos indicaron que para bajar a este tope hay muchos gastos en el proyecto de PGN 2023 que están fuera y que se deberá empezar a recortar para acomodarlo a lo que dispone la ley.
Se menciona, por citar algunos, el aporte a los partidos políticos, el subsidio al transporte público de pasajeros, los fondos a ser previstos para el traspaso de gobierno, en tanto que el aporte para las organizaciones no gubernamentales (ONG) ni siquiera fue considerado aún.
Este año, el presupuesto vigente prevé para los partidos políticos en concepto de aporte y subsidio G. 58.104 millones (US$ 8,3 millones), para subsidio a transportistas G. 104.880 millones (US$ 15 millones) y para las ONG se asigna G. 51.764 millones (US$ 7,4 millones).
Impacto de reajustes y aumentos
Los técnicos indicaron que se está trabajando en el impacto que tendrá los reajustes y aumentos salariales que serán contemplados en el proyecto, teniendo en cuenta que son gastos rígidos y es la gran preocupación. Entre estos, se señala el aumento para docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el reajuste para funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, policías, militares, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, así como las pensiones, atendiendo que están sujetas a la variación del salario mínimo, que subió 11,4% en julio último.
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A modo de ejemplo de lo que implica el presupuesto, así como del monto que podría ser considerado para el 2023, en el presente ejercicio aprobaron G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones) para la Administración Central y Entidades Descentralizadas, pero al cierre del primer semestre ya lo aumentaron 3% y se situó en G. 99,6 billones (US$ 14.256 millones), en tanto que está pendiente de decisión del Parlamento un paquete de ampliación por más de G. 265.000 millones (US$ 38 millones).