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El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, informó que el presupuesto 2023 está en proceso de consolidación, que se están proyectando los recursos y los gastos a ser realizados, la emisión de bonos y la contratación de préstamos, entre otros detalles.
Sostuvo que todavía hay que armar el rompecabezas que son los bonos y que siempre que haya espacio para la aprobación de préstamos, sería mejor que la emisión de títulos porque ésta continúa con tasas muy altas.
Haas, en ese contexto, anunció que ya no se contemplará el financiamiento de gastos corrientes con deuda, como se viene haciendo desde años anteriores porque la idea es volver a la regla establecida por la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
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La referida legislación prohíbe pagar gastos corrientes con endeudamiento, como por ejemplo salarios e intereses de la deuda, pero su aplicación fue suspendida temporalmente por la pandemia ya que la recaudación tributaria cayó tras la cuarentena decretada por el Ejecutivo y el cese de la mayor parte de la actividad económica.
La primera suspensión de esta regla establecida en la ley de administración financiera se dio en el marco de la ley de emergencia sanitaria aprobada en marzo de 2020, al año siguiente se repitió por ley de presupuesto 2021 y este año, nuevamente por ley de presupuesto 2022.
Se pagó salarios con deuda
La suspensión permitió que en 2020 Hacienda destinara del préstamo de emergencia fondos para salarios, jubilaciones y pensiones, e intereses de la deuda, que antes se financiaban con recursos genuinos del Tesoro.
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En aquella ocasión se destinó US$ 300 millones para cubrir salarios públicos, US$ 51 millones a jubilaciones y US$ 79 millones al servicio de la deuda pública, en tanto en los dos años siguientes se siguieron con esta práctica para jubilaciones y pensiones, así como una parte del personal contratado del Ministerio de Salud Pública.
Tras la pandemia el país quedó altamente endeudado y mucho de estos recursos obtenidos vía emisión de bonos del Tesoro o préstamos de organismos internacionales, terminaron financiando salarios públicos, jubilaciones de beneficiarios de la Caja Fiscal y pensiones.