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En mayo último había cerrado con una deuda acumulada de US$ 14.374 millones, que representaba 35,8% del PIB, en junio le sumaron nuevos compromisos por US$ 76,3 millones, suma con la cual el semestre finalizó con un total de US$ 14.450,3 millones, que representa 36% del PIB.
La deuda pública total incluye los compromisos asumidos por la instituciones componentes de la Administración Central, que asciende a US$ 12.851,1 millones (32% del PIB), y las que conforman las denominadas Entidades Descentralizadas, que asciende a US$ 1.599,2 millones (4% del PIB).
En la Administración Central se engloba a las instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Contraloría y otros organismos del Estado; mientras que en las Entidades Descentralizadas se enmarca a las empresas públicas, entes autárquicas y autónomas, entidades financieras oficiales, entre otros.
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La deuda de la Administración Central se paga con recursos genuinos provenientes de la recaudación impositiva y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de bonos; en tanto que la de las Entidades Descentralizadas se cubre con los recursos que generan las instituciones mediante el servicio que prestan, pero su cumplimiento está garantizado por el Tesoro Público.
La garantía implica que si las entidades no pueden cumplir por algún motivo con sus compromisos, el Tesoro deberá hacerse cargo de las cuotas para estar al día y evitar caer en mora.
Cuánto aumentó en seis meses
El informe da cuenta que en el primer semestre la deuda aumentó US$ 819 millones con respecto al cierre de 2021, cuando el saldo total ascendía a US$ 8.040,9 millones.
Además, en lo que va del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (ANR), la deuda pública creció US$ 6.409,4 millones entre 2018 y junio de 2022, principalmente entre 2019 y 2020, primero para invertir en obras ante la caída de la actividad económica y segundo, para hacer frente a la pandemia por covid-19.
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Los analistas económicos consideran que el país ya supera el tope razonable de la deuda y que se debe apuntar a reducirla, para ello sugieren volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB lo antes posible.
El déficit, brecha que se financia con endeudamiento, desde 2019 se mantiene por encima del referido tope legal y en 2020 se disparó a -6,1% durante la pandemia.
Para el Ministerio de Hacienda, sin embargo, el tope de deuda razonable es el 40% del PIB, razón por la cual busca establecerlo a través de un proyecto de ley que modifica la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal, que actualmente se encuentra a consideración del Congreso.
Vía de endeudamiento público
Las deudas de la Administración Central y Entidades Descentralizadas fueron contraídas a través de préstamos de organismos financieros internacionales, a quienes se adeuda un total de US$ 6.003,2 millones y se irán sumando otras que están en proceso de aprobación o gestión.
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Además, a través de la colocación de bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional, que asciende a US$ 7.951 millones, la más utilizada desde 2013, cuando se emitió por primera vez en el mercado internacional.
El endeudamiento también incluye las inversiones ejecutadas en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”, por US$ 466,2 millones.