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Tras un intenso debate, la Cámara Alta, por mayoría de 30 votos a favor, resolvió postergar el tratamiento del polémico proyecto de Ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”, presentado por el senador Martín Arévalo (ANR).
El citado plan figuraba en el punto cinco de la agenda de la sesión ordinaria del Senado y se decidió nuevamente postergar, esta vez por 90 días su tratamiento, para lo cual se ha tomado en cuenta el pedido firmado en un acuerdo entre sindicatos docentes, autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, donde plantean la prolongación del plazo para presentar un plan más integral.
Durante el debate, el senador Stephan Rasmussen, (PPQ) expuso que el proyecto de ley como está presentado expone muchas falencias; en primer término, en cuanto a lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 106, que refiere a la actualización de los haberes y no a igualar o equiparlos como pretende este plan. Además el legislador hizo referencia a la crítica situación de los fondos de jubilaciones, mencionando que para el 2026 se entrará prácticamente en “default” ya que se agotarán las reservas.
Mencionó que solo en este año se prevé un déficit de US$ 223 millones, que serán financiados con impuestos y que para el 2029 el déficit pasará más de US$ 800 millones, sin considerar este polémico plan de equiparación de haberes.
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Este déficit surge de la diferencia entre los aportes de los cotizantes y el pago de jubilaciones. Agregó que de prosperar el plan de equiparación de haberes en cinco años la inyección estatal adicional será de US$ 1.382 millones.
Dijo que actualmente la crisis de las jubilaciones ya se está sintiendo, y que hay cientos de pedidos de docentes para jubilación y que Hacienda no los puede procesar por limitación de los recursos.
A su vez, el senador proyectista Martín Arévalo (ANR), en todo momento defendió el plan de actualización de haberes mencionando que de no aprobarse se estará obviando un principio constitucional; sin embargo, en ningún momento tuvo en cuenta la crisis financiera que está afectando el fondo de jubilaciones. También se opuso al aplazamiento considerando que hace más de un año y ocho meses que ha presentado el proyecto y que no se justifica volver a postergarlo.
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Finalmente, ante la moción del senador Rasmussen el pleno aprobó postergar el análisis del proyecto por 90 días a fin de presentar un plan más razonable y acorde a la situación financiera, lo que podría contemplar un plan más integral de reforma que requiere el esquema de jubilaciones del sector público.