Los proyectos son motivo de polémica, luego de que el senador Amado Florentín (PLRA) haya denunciado que el Gobierno usaría esta deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos. Citó puntualmente el caso del crédito del BID, que de los US$ 200 millones se destinarán US$ 100 millones a Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios.

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Indicó que la ley de emergencia ya feneció el 31 de diciembre, pero de todos modos en el presupuesto 2022 se tiene ejecutados G. 41.000 millones en salarios con fuente de endeudamiento. Sostuvo que el Gobierno debe usar las recaudaciones en impuestos para pagar el salario del personal de blanco en lugar de usar créditos internacionales.