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El 20 de abril último, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 9603, tras su sanción ficta, que establece medidas de protección a menores de edad de los efectos perniciosos de los tragamonedas. De esta manera, mediante una nueva ley se ratificó lo dispuesto en la normativa vigente de prohibir el uso de estas máquinas en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, hamburgueserías, roperías, y otros.
En el artículo 10 de la citada ley se dispuso que el plazo para la reglamentación era de 90 días, que se cumplió el domingo 17 del corrientes mes. La institución a cargo de este trabajo es la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto.
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Cabe recordar que la ley surgió en el Legislativo para frenar el plan de Conajzar de “regularizar” el emplazamiento de tragamonedas en locales de libre acceso, aplicada contra lo estipulado en la Ley N° 1016/97, del Régimen de Juegos de Azar; el Decreto N° 3083/15 y de resoluciones de Conajzar con la intención de proteger a la población vulnerable, sobre todo a niños y adolescentes, de desarrollar la adicción a las apuestas (ludopatía).
Javier Balbuena, especialista en juegos de azar, consideró que la ausencia de ese documento evidencia el desinterés del presidente Mario Abdo Benítez en cumplir la voluntad del Legislativo de poner fin a la explotación masiva de tragamonedas, fácilmente manipulables para personas vulnerables inclusive. Esta situación implica un peligro real porque puede propagar el mal de la ludopatía, advirtió.
“El Ejecutivo hace un desaire a la mayoría parlamentaria que sancionó la ley de tragamonedas”, criticó. Lamentó que no haya sanciones por esta inacción, porque es el propio Ejecutivo el que debe poner las reglas.
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Ejecutivo también ignora pedido de diputados
Por si fuera poco, Conajzar ignora el pedido del diputado José Rodríguez de desarrollar una audiencia pública para socializar sus trabajos vinculados con la explotación de los tragamonedas.
El legislador contó que la comisión se limitó a informar de la promulgación de la nueva ley a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para que, a su vez, notifique a los municipios. “Vamos a volver a solicitar que informe de los trabajos hechos y así poder socializarlos”, dijo.
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Advirtió que la reglamentación es muy urgente y que en caso contrario la nueva ley es letra muerta.
Por su parte, Lorena Rojas, empresaria del rubro, apuntó a que debido a la falta de reglas claras los municipios cobran un supuesto canon por explotación clandestina.
