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Las “medidas de contingencia del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público” fueron puestas a consideración de la Cámara de Senadores por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el 1 de julio y reiterada el último miércoles 13, antes de la sesión ordinaria que se llevó a cabo el jueves 14.
El titular de la cartera fiscal advierte sobre la urgente necesidad de realizar ajustes a los parámetros actuales, sobre todo en aquellos sectores que se han desprendido de manera grave de la estabilidad financiera, arrastrando a los demás sectores.
El Senado, en la sesión del jueves 14, decidió finalmente, por mayoría de votos, postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que el año pasado presentó el senador (ANR-cartista) Martín Arévalo e impulsado actualmente con evidente intención electoral.
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El referido proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”, pretende equiparar los haberes de los jubilados con el sueldo de los funcionarios activos.
Hacienda sostiene que esa actualización tendrá un costo de US$ 422 millones en el primer año de implementación y de US$ 1.383 millones en los primeros cinco años. Para cubrir este requerimiento adicional, se tendrá que aumentar los tributos, como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta empresarial (IRE), afirma Hacienda.
Medidas de contingencia ante déficit en Caja Fiscal
Ante este panorama, la intención de la cartera es discutir las medidas de contingencia y avanzar hasta lograr una reforma integral del sistema de jubilaciones, ya que en las condiciones en que se encuentra la Caja Fiscal se volverá cada vez más insostenible.
El planteamiento incluye, entre otros, un mecanismo de actualización: para los sectores superavitarios en el año inmediatamente anterior, la variación del promedio salarial por sector, toda vez que ésta sea positiva, más la variación del salario mínimo legal vigente; pero en ningún caso duplicará el índice del precio al consumidor (lPC) del año anterior. Por su parte, para los sectores deficitarios en el año inmediatamente anterior, la variación del salario mínimo legal vigente.
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En cuanto a los ajustes de parámetros plantea, entre otros, que el monto mínimo del haber jubilatorio ordinario que corresponda a los jubilados del sector de la administración pública será equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente, siempre y cuando no perciban otros beneficios similares, otorgados por cualquiera de las cajas de jubilaciones del país o éstos sean el resultado de la aplicación de convenios internacionales.
La tasa de aporte para los funcionarios activos de los sectores deficitarios (docentes, militares y policías) pasará del 16% al 20%, la cual estará vigente hasta lograr el equilibrio financiero del sector respectivo.
Se propone igualmente que para la jubilación ordinaria los docentes del Magisterio Nacional alcancen el mínimo de 55 años de edad y 25 años de aporte. “El haber jubilatorio tendrá una tasa de sustitución del 90% que aumentará 2 puntos porcentuales por cada año de aporte adicional hasta alcanzar el 100%”, añade.
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También dispone que al haber jubilatorio se le deducirá el 5,5%, para la cobertura del seguro de salud del Instituto de Previsión Social (lPS).
Dispone que los docentes del sector Magisterio Nacional que hubieran alcanzado 20 años o más de aporte, podrán optar por la alternativa prevista en el punto anterior o la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley N° 234512003 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” y sus modificaciones.
Impacto financiero en cinco años
Hacienda sostiene que el impacto financiero si son aprobadas las medidas, generará un ahorro en promedio de US$ 159 millones de manera anual en los primeros 5 años de su implementación, lo que retrasaría por 5 años el agotamiento de los superávit acumulado.
La proyección para el cierre del presente año es que la Caja Fiscal cerrará con déficit de US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponden al programa no civil y US$ 71 millones al sector civil, principalmente docente.
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La cartera menciona que el saldo rojo de la caja en el mediano plazo es creciente y explosivo, en las condiciones actuales en 2026 se agotarán los superávits acumulados y si se aprueba el proyecto de ley de actualización presentado por el senador Arévalo, las reservas se agotarán aún más rápido.
En es contexto, de acuerdo con sus proyecciones, a partir de 2027 el déficit de la Caja Fiscal se cubrirá completamente con recursos del Tesoro, ya que los aportes durante la vida laboral activa cubren escasamente los beneficios de la jubilación.