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La cartera económica elaboró un informe sobre el “Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal)”, en el que advierte sobre el creciente y explosivo déficit y el costo de una eventual implementación del proyecto de ley de actualización de los haberes jubilatorios.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores de funcionarios de la Administración Central: empleados públicos, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías, militares y maestros.
Los tres primeros tienen superávits y los tres últimos acumulan déficits cada año, el saldo rojo de los maestros se financia con el superávit y el de militares y policías, directamente con los fondos recaudados a través de los impuestos pagados por la ciudadanía.
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La brecha negativa obedece a que los aportes que ingresan los funcionarios activos no alcanzan para cubrir los beneficios que se pagan mensualmente a los jubilados y retirados.
El año pasado, la Caja Fiscal registró un déficit de US$ 167 millones, para este año estiman que llegará a US$ 224 millones y en las condiciones actuales los superávits acumulados se agotarán en 2026, alerta Hacienda y resalta que, de aprobarse el proyecto de actualización, se agostarán aún más rápido.
Déficit acumulado en 2021
Los datos revelan que el año pasado el Tesoro destinó US$ 94 millones para cubrir el saldo negativo de los maestros, US$ 63 millones para Fuerzas Policiales y US$ 74 millones para las Fuerzas Armadas.
En el caso de policías y militares, Hacienda destaca en su informe que en los últimos diez años el Tesoro Público destinó más de 1.200 millones para cubrir el déficit de este sector, con fondos provenientes de los impuestos de los contribuyentes.
Añade que esta cantidad de recursos destinaron a 16.702 beneficiarios, que representa apenas el 0,6% de la población económicamente activa (PEA) ocupada.
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La cartera menciona que, en este contexto, seguir pagando con impuestos se vuelve cada vez más complicado cumplir la meta de convergencia fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB) previsto para el año 2024.
El Gobierno, a través de Hacienda, asumió el compromiso en el país y con los organismos financieros internacionales de que para 2024 se volvería al tope de déficit fiscal de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, límite que se viene superando desde el ejercicio 2019, que tuvo su mayor pico el año siguiente, cuando registró -6,1% del PIB debido a la pandemia.
Aumentarán impuestos IVA e IRE
La situación financiera de la Caja Fiscal empeorará con la implementación del proyecto de ley de actualización de haberes jubilatorios y, a su vez, tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas, porque desembolsará más recursos para subsidiar a estos sectores.
El referido proyecto de ley fue presentado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista) a la Cámara de Senadores, que en la sesión ordinaria del último jueves decidió postergar su estudio para dentro de 15 días, para buscar salida sostenible, atendiendo las advertencias realizadas por Hacienda y los gremios empresariales.
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Hacienda advierte que, como consecuencia de la implementación de la propuesta legislativa, implicaría aumentar impuestos al sector privado para cubrir el déficit.
Los escenarios analizados para cubrir la brecha son los siguientes: aumentar solo la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) a 12%; solo el impuesto a la renta empresarial (IRE) a 14% o la combinación de IVA e IRE a tasas del 11% y 12% respectivamente.
La tasa general del IVA, actualmente, es 10% y 5% para determinados productos, como los de la canasta familiar y otros. El IRE también tiene una tasa del 10%.