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Los senadores postergaron el estudio del proyecto de ley argumentando la necesidad de efectuar un estudio más profundo y que abarque a todos los sectores que conforman el régimen de pensión, así como el impacto que tendrá las modificaciones en las finanzas públicas.
El senador Stephan Rasmussen (PPQ), la senadora Blanca Ovelar (ANR), la senadora Desirée Masi (PDP) y el senador Fidel Zavala (PPQ) apoyaron la postergación para conformar una mesa técnica y analizar detenidamente el tema para buscar una salida sostenible.
Los senadores Juan Darío Monges (ANR-cartista), Pedro Santa Cruz (PDP) y Martín Arévalo (ANR-cartista), por su parte, argumentaron ante la plenaria a favor de la aprobación de la actualización de los haberes porque consideran legítimo el reclamo de los jubilados.
El senador Arévalo, que es el proyectista, tras un breve debate generado en la sesión decidió allanarse a la propuesta de estudiar el tema en dos semanas más, pero antes señaló que el proyecto no tiene un fin electoral porque hace un año y medio que presentó a la Cámara y que el hecho de que se impulse ahora es porque “en algún momento debe estudiarse”.
Críticas de gremios empresariales
La decisión del Senado también se da luego de las críticas y las advertencias realizadas desde el Ministerio de Hacienda, los gremios empresariales y economistas sobre el fuerte impacto que tendrá en las finanzas públicas la aprobación del referido proyecto de ley.
Hacienda alertó que el 9,5% de aporte del Estado a la Caja Fiscal que se pretende establecer va a demandar unos US$ 220 millones en el primer año, fondos que el Tesoro no dispone y más aún en una coyuntura económica complicada.
A esto se suma los US$ 140 millones que actualmente se destina para cubrir la jubilación de militares y policías, así como US$ 40 millones que deberá aportar para financiar la jubilación de docentes, debido a que el referido proyecto de ley limita al 50% el uso de los superávit de los sectores públicos.
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La cartera económica estima que en total el Tesoro deberá destinar de los impuestos pagados por toda la ciudadanía más de US$ 400 millones al año a favor de la Caja Fiscal.
Los gremios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) en un comunicado difundido el miércoles último, alertaron que el aporte del Estado representará US$ 1.383 millones en los primeros cinco años y exhortaron al Senado postergar el tratamiento del referido proyecto.
El comunicado se dio luego del conversatorio realizado ayer en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) sobre la situación de la Caja Fiscal, su incidencia y riesgos en las cuentas públicas, del cual participó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; y el viceministro de Economía, Iván Haas.
Modificación al proyecto original
El proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil” fue presentado por el senador Arévalo y cuenta con el apoyo de las asociaciones de jubilados, que hoy estuvieron en la plaza cerca del Congreso manifestándose por su aprobación.
En principio, el Senado pospuso su estudio “sine die”, pero Arévalo en la sesión del 30 de junio pidió que sea tratado dentro de 15 días, moción aprobada atendiendo que los políticos están en plena campaña electoral.
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Al proyecto original, sin embargo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidido por Monges, le introdujo modificaciones en su reunión del último martes 12 y dictaminó en mayoría a favor de su aprobación; mientras que el dictamen en minoría, firmado por Rasmussen, recomendó su rechazo.
Originalmente el proyecto contemplaba el uso de las reservas de la Caja Fiscal para financiar la actualización de los haberes, que según Hacienda no es otra cosa que equiparar la jubilación al sueldo de los funcionarios activos (en sus respectivas categorías), una medida que terminaría por agotar estos recursos en tres a cuatro años y obligaría al Tesoro a tener que financiar el déficit insostenible.
Las modificaciones introducidas al proyecto original por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, precisamente, establece para cubrir la actualización el Estado deberá aportar 9,5% al año, limita el uso del excedente para financiar el déficit del sector civil, que en este caso es el sector docente.