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El Gobierno anunció el último miércoles la implementación de un paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a la coyuntura de suba generalizada de precios y para recuperar la actividad económica.
Una de las medidas incluidas en el referido paquete, es la incorporación de 14.700 nuevos beneficiarios al programa pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, a fin de llegar este año a un total de 280.000 personas.
Este programa administrado por el Ministerio de Hacienda cuenta actualmente con 267.111 beneficiarios y reciben un subsidio equivalente al 25% del salario mínimo.
El subsidio este año representa G. 572.331 mensual, atendiendo que se calcula sobre la base del salario mínimo vigente hasta junio de G. 2.289.324 mensuales.
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El aumento de 11,4% en el sueldo mínimo, que entró a regir desde este mes de julio, se actualizará en el sector público dentro del presupuesto 2023 para abonarlo desde el mes de enero.
El plan habla de acelerar el proceso para incorporar a 14.700 nuevos beneficiarios para llegar a 280.000 en total, cantidad ya prevista en la ley de presupuesto.
Los últimos datos de Hacienda, sin embargo, menciona que a junio se tiene registrado 267.111 personas, lo que implica que faltarían incorporar 12.889.
Una vez completado el número previsto el programa costará este año al Tesoro Público más de G. 1,9 billones (US$ 279,5 millones al cambio vigente).
Impacto financiero en presupuesto 2023
El próximo año, sin embargo, con el reajuste del sueldo mínimo la pensión subirá a G. 637.577 mensuales y costará más de G. 2,1 billones (US$ 311,3 millones), lo que implica un incremento de G. 219.226 millones (US$ 31,8 millones).
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El proyecto de PGN 2023 está actualmente en proceso de consolidación en Hacienda y el plazo para su entrega al Congreso vence el 1 de setiembre.
La pensión alimentaria para adultos mayores no es el único que tendrá impacto en el presupuesto tras la variación del sueldo mínimo, también el salario de los funcionarios administrativos que ganan hasta ese monto; militares y policías, que tienen su escala salarial atada al mínimo; gobernadores y miembros de juntas departamentales y los veteranos de la Guerra del Chaco.