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La cartera ya tiene a disposición los anteproyectos de presupuesto que las entidades entregaron entre el 28 y 29 de junio último, que servirán de base para consolidar el plan que a más tardar el 1 de setiembre será puesto a consideración del Congreso para su estudio.
Las instituciones estaban obligadas a racionalizar el gasto para continuar con las medidas de austeridad y no tenían autorización para incluir ningún aumento salarial para sus funcionarios.
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El Ejecutivo, a través de Hacienda, estableció como prioridades para 2023 los programas de salud, educación, seguridad, protección social, conectividad e inversión pública.
La recomendación dada a las entidades fue mantener el gasto dentro de los topes presupuestarios establecidos para el presente ejercicio, atendiendo el complicado panorama económico.
El presupuesto 2022 que empezó a ejecutarse en enero ascendía a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones), pero con las modificaciones introducidas en los primeros cinco meses del año el monto aumentó a G. 98,5 billones (US$ 14.096 millones, que implica una variación del 1,8%.
Tope de gasto para 2023
El proyecto de presupuesto 2023, sin embargo, sería mucho mayor al del presente año ya que se verá impactado fuertemente por los reajustes salariales y de pensiones que se deberán incluir, debido al incremento del 11,4% del sueldo mínimo.
El reajuste favorecerá a los funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, a los militares y policías que tiene su escala salarial atada al mínimo, a los gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, así como a los beneficiarios de pensiones, tales como adultos mayores y veteranos de la Guerra del Chaco.
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También están en proceso de aprobación en el Congreso aumentos salariales que impactarán igualmente en el plan de gasto, como lo destinado a actuarios judiciales, al Ministerio Público, que en éste último caso incluye creaciones de cargos, que ya tienen media sanción.
Además, ampliaciones para presupuestarias para la Contraloría General de la República que prevé remuneraciones extraordinarias y adicionales, pasajes y viáticos, contratación de funcionarios; para el Congreso Nacional, que contempla contratación de nuevos funcionarios para la Cámara de Senadores, aumento salarial y reposición de salarios recortados en pandemia.
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Los aumentos terminarán haciendo más rígido el presupuesto y dejará cada vez con menos recursos genuinos para programas prioritarios.