Cargando...
El directivo de la empresa TDP SA, Álvaro Wasmosy Carrasco, hijo del expresidente de la República Juan Carlos Wamosy, recusó a la fiscala María Estefanía González, quien lo imputó por el hecho punible de declaración falsa para adjudicarse la explotación de la quiniela. Apenas se la confirmó en la causa, Wasmosy presentó la impugnación y la vuelve a recusar Carmen Carina Alonso, titular de la de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), exmiembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y candidata al Senado por “Fuerza Republicana”.
Estas maniobras se presentan a días de que se cumpla el plazo de requerimiento conclusivo, que es el 7 de julio, por aparentes hechos de corrupción en la “legalización” de tragamonedas, adjudicación de la quiniela a una empresa morosa del fisco y reducción del canon a concesionarias en pandemia. Por otro lado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, conformó un equipo de trabajo con los fiscales Laura Giacomo, Natalia Silva y Luz Guerrero.
Lea más: Conajzar: a días de concluir plazo de investigación, recusan a fiscala
El argumento de la recusación de Alonso es que el fiscal Federico Óscar Delfino, designado en la causa de manera provisoria, no accedía a la copia de la carpeta fiscal.
Para la fiscala González existen suficientes elementos de que se violó las disposiciones de la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar al momento de que Conajzar emitió la Resolución N° 34 para firmar un contrato con iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para “regularizar” tragamonedas en sitios prohibidos. El citado documento fue revocado hace tres semanas, alegando una “nueva ley”, argumento cuestionado por especialistas y gremios empresariales del rubro.
El responsable de la Abogacía del Tesoro, Fernando Benavente, firmó dos dictámenes referente al plan de Conazjar vinculado a tragamonedas y contradictorias entre sí. Apenas se sancionó la ley de tragamonedas, que ratificaba la ley vigente, se recomendaba el veto de la misma porque se repite la disposiciones. Sin embargo, después, con la vigencia de la misma, recomienda anular la Resolución ante la existencia de una “nueva ley”. Para Javier Balbuena, especialista en juegos de azar, constituye una maniobra para “blanquear” el contrato ilegal.
