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Con 15 votos a favor, 12 en contra y 18 ausentes, la Cámara de Senadores aprobó restituir las atribuciones del Congreso de solicitar informes al Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de investigaciones, esto luego de que el ente rector financiero haya remitido informes totalmente tachados y borroneados, alegando el secreto bancario.
El cartismo abiertamente se opuso a esta intención, alegando que supuestamente solo se buscaba un ataque político contra su líder, Horacio Cartes. Sin embargo, los proponentes del proyecto fundamentaron extensamente que la modificación restituye una facultad que le fue cercenada al Congreso y que es una atribución absolutamente legal, además de establecerse mecanismo para precautelar la confidencialidad de los datos solicitados.
Sorprendieron entre los votos en contra los de los patriaqueridistas Giorgia “Nani” Arrúa y Fidel Zavala, así como varios liberales (llanistas y bancada C). La mayoría de los ausentes fueron colorados oficialistas.
El proyecto aprobado consiste en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay, estableciendo en las excepciones del secreto bancario a “las informaciones solicitadas por las Cámaras del Congreso y las comisiones de investigación, conforme con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Constitución Nacional, respectivamente. El Banco Central del Paraguay deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el Presidente de la entidad, sin alterar el contenido del material”.
Además se establecen parámetros para la solicitud y el resguardo de la información, ya que esto, fuera de lo que intentó hacer parecer el cartismo, no implica una eliminación del secreto bancario, permitir investigaciones por parte del Congreso, resguardando los datos.
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“Las informaciones solicitadas deberán ser justificadas y referirse a persona determinada debiendo ser esta, necesariamente, sujeto de un sumario administrativo, un proceso judicial, verificación impositiva o una investigación iniciada por cualesquiera de la instituciones incluidas en este artículo”, indica el proyecto aprobado.
Finalmente también se obliga al BCP y a las partes solicitantes de los datos, a “adoptar las medidas pertinentes para garantizar la inviolabilidad de la información solicitada”.
Los voceros en contra de la iniciativa fueron los senadores de Honor Colorado (HC), Martín Arévalo, Sergio Godoy y Enrique Riera, al igual que el senador liberal llanista Fernando Silva Facetti, que intentaron alegar que supuestamente el proyecto podría ser perjudicial para el sistema financiero.
Uno de los proyectista, el senador Jorge Querey (FG) remarcó que este proyecto de Ley incluso se adecua a la Ley N° 489/95 que reglamenta el artículo192 del pedido de informes, el cual, al igual que la Constitución Nacional, en ninguna parte incluye al BCP entre las instituciones exceptuadas de brindar informes al Congreso.