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Los anteproyectos servirán de base para que la cartera económica, entre los meses de julio y agosto, consolide el plan de gasto para el próximo año, que deberá ser presentado a consideración del Congreso para su estudio a más tardar el 1 de setiembre venidero.
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Los lineamientos generales establecidos para la elaboración de los anteproyectos establecía que todas las instituciones debían realizar un profundo proceso de racionalización del gasto público, de tal modo a continuar con las medidas de austeridad.
Las prioridades incluían los programas de salud, educación, seguridad, protección social, conectividad e inversión pública. En ese sentido, ninguna de las entidades estaban autorizadas a incluir aumento salariales para los funcionarios.
Ajuste del sueldo mínimo
Hacienda, sin embargo, se verá obligado a tener que ajustar los salarios de determinados sectores, atendiendo que desde el próximo mes entra en vigencia el nuevo sueldo mínimo que fue reajustado en un 11,4%.
Esta suba beneficia a los funcionarios administrativos que ganan hasta este monto, a los militares y policías, a los gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, así como a los beneficiarios de pensiones, tales como adultos mayores y veteranos de la Guerra del Chaco.
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Los sindicatos públicos, por su parte, habían solicitado un incremento general del 15% para el año próximo y no se descarta que, una vez que el proyecto esté a consideración del Congreso, insistan en que sea incluido en el plan de gasto atendiendo la etapa electoral que vive en el país y que los políticos están en plena campaña mirando las elecciones internas en diciembre y las generales en abril de 2023.