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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), hoy presidida por María Galván del Puerto, decidió revocar la Resolución N° 34 (del 8 de octubre del 2020), con la cual se “respaldó” el contrato que firmó con la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para “legalizar” tragamonedas en sitios prohibidos. La revocatoria se concretó con la Resolución N° 24, del 10 de junio último.
Para esta anulación del contrato considerado ilegal (pues trasgredía la ley que rige al sector), la reguladora de juegos de azar se basó en tres dictámenes: Uno de un asesor externo (que Conajzar no identifica en los documentos pero se supo que es Jorge Zárate Leiva); de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular es Rodolfo Andrés Barrios Duba; y de la Abogacía del Tesoro, dirigido por Fernando Benavente.
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Los dictaminantes coincidieron en la ilegalidad de la “regularización” de tragamonedas, atendiendo la vigencia de la nueva Ley N° 6903/22, que establece medidas de protección para niños, niñas y adolescentes ante la influencia de esas máquinas y prohíbe su operación en despensas, peluquerías y otros comercios de libre concurrencia.
En el análisis, sin embargo, omitieron el contexto jurídico en el cual surgió la nueva normativa, que solo ratifica lo que ya dispone la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
Al respecto, Javier Balbuena, especialista en juegos de azar, dijo que esos dictámenes “son parciales e incompletos. No consideraron el incumplimiento de Conajzar dictaminado por Contraloría, Anticorrupción y hasta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Todos cuales calificaron de ilegal la Resolución N° 34 (antes de la nueva ley 6903)″, dijo.
Es decir, el contrato con iCrop es ilegal desde su concepción, y no recién con la nueva normativa.
De esta manera, y al omitir ese contexto, la Procuraduría y la Abogacía del Tesoro “blanquean” la actuación de Conajzar, opinó. La función de estas instituciones es asesorar y deben hacerlo con una visión acabada, sobre todo PGR, cuya función está estipulada en el art. 244 de la Constitución Nacional, dijo.
No es la primera vez que intentan legalizar lo ilegal
En el Congreso se había desempolvado el proyecto de ley de tragamonedas tras denuncias periodísticas sobre el nuevo intento de “legalizar” tragamonedas, algo que años anteriores ya se intentó, también sin éxito. El nuevo “negocio” de Conajzar tenía una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones al mes, al cobrar canon por las máquinas prohibidas, de los cuales US$ 1,5 millones quedarían para iCrop. Algunos legisladores denunciaron que se trataría de la creación de una estructura para lavado de dinero y obtención ilícita de recursos.
“Documentos a la vista”
ABC habló con Barrios y Benavente, para tener su versión, quienes señalaron que emitieron dictámenes a pedido de Conajzar y que las conclusiones se sacaron conforme a la “documentación que tenían a la vista”, que fueron la Resolución N° 34 y la nueva ley, coincidieron en afirmar.
En el caso de la Abogacía, llama la atención que cuando se sancionó la nueva ley de tragamonedas, recomendó al Ejecutivo su veto alegando que las disposiciones de la misma ya se contemplan en otra ley vigente (N° 1016/97). Semanas después, emitió un dictamen que solo contempla la “nueva ley” y no la anterior.
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Al respecto, Benavente explicó que el último dictamen para Conajzar fue requerido por esta misma institución y se basó sólo en lo que ésta requirió (según ”los documentos a la vista”), mientras que para la postura que tomó la Abogacía ante la ley nueva que nació en el Congreso, se tuvo en cuenta otro elemento, que fue la ley anterior.
Ambos negaron que hayan recibido indicaciones de blanquear las acciones de las autoridades de Conajzar, hoy procesadas por presuntos hechos punibles.
Fiscalía, emplazada
En semanas más se cumplen los seis meses de plazo de investigación del Ministerio Público y hasta el momento, la fiscala María Estefanía González no presentó ningún requerimiento por los ocho imputados por presuntos hechos punibles en la gestión de Conajzar, ya sea el sobreseimiento o pedido de juicio oral. La agente investiga la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la adjudicación de la quiniela a una firma morosa del fisco y la reducción del canon a concesionarias de juegos de azar en pandemia..
