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Tras la consulta de dos comisiones del Senado, la Procuraduría General de la República emitió la semana pasada un dictamen en contra de la millonaria indemnización de US$ 940 millones para exobreros de Itaipú, recordó hoy Rodolfo Barrios. El procurador destacó que en dicho documento expusieron varios argumentos jurídicos que básicamente fueron ignorados por los parlamentarios que aprobaron la iniciativa ayer en Cámara de Senadores.
“Resumidamente, habíamos sostenido que la ley interna para la Itaipú Binacional no puede ser una fuente de obligación por la naturaleza jurídica de la Itaipú, que ya fue muchas veces discutida y debatida. Después está la cuestión -que entiendo se trató ayer- sobre la prescripción de esos derechos que se reclaman, que también es netamente jurídica”, indicó.
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Así también, destacó que igualmente hablaron de que se ve afectado el principio de retroactividad de la ley y reclamos de este tipo se habían tenido anteriormente en sede judicial. “Hubo resoluciones que llegaron incluso a la Corte y fueron rechazadas. En el fuero laboral del Poder Judicial, reclamos de este tipo fueron rechazados. Esos fueron nuestros argumentos donde la Procuraduría exponía en sentido contrario”, detalló.
Finalmente, destacó que si el proyecto llega a ser aprobado también en Diputados y llega al Ejecutivo, como procurador él se va a mantener en este criterio. “Jurídicamente nos vamos a mantener en todas las instancias donde este proyecto de ley vaya pasando”, anunció en contacto con ABC.
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Cifra poco clara pero muy elevada
Cabe recordar que ayer, con 31 votos por la aprobación, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto “que reconoce como compensación histórica beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación de la usina de Itaipú margen derecha”.
El censo que se tomaría como base es el presentado al Ejecutivo el 27 de agosto de 2021 y que contempla unos 15.000 beneficiarios, pero la lista podría ser depurada. Con respecto a las cifras y cuánto costará esto al Estado no está claro, ya que algunos proyectistas calcularon cifras de US$ 800 millones e incluso US$ 1.000 millones. El proyectista Abel González (PLRA) fue el que apuntó una cifra más estimativa de US$ 940 millones. (unos G. 6.533.000.000.000).