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Livia Buzó, coordinadora técnica de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) confirmó días atrás a ABC que se mantiene vigente el contrato entre esta institución y iCrop SA, cuyas accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china (Continental), y Lilian Beatriz Vera de Qiu. De esta manera, se observa que la comisión sigue violando las leyes N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y la Ley N° 6903/22, que establecen medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes de la influencia de los tragamonedas y prohíben su uso en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, hamburgueserías, peluquerías y otros.
La funcionaria se convirtió en vocera de las decisiones de la reguladora de juegos de azar del gobierno de Mario Abdo Benítez ante la falta de respuesta de la presidenta interina, María Galván del Puerto, quien no concede a entrevistas con ABC ni agenda una audiencia requerida hace meses.
Referente al motivo por el cual no se rescinde el contrato directo, hecho sin concurso y cuyo alcance es de todo el territorio nacional, Buzo indicó que “la directiva de Conajzar se encuentra analizando y todavía no resolvió” anularlo. Seguidamente ratificó que siguen vigentes las obligaciones acordadas, que es el censo, catastro y explotación de tragamonedas en los sitios prohibidos, mediante la Resolución N° 34 de Conajzar del 8 de octubre del 2020 (documento que no se encuentra disponible en su portal pese a que lo obliga la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental).
Contradicciones
Por disposición de la Cámara de Diputados, Galván notificó a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para que a su vez informe a todos los municipios del país sobre la prohibición del uso de tragamonedas en comercios de libre concurrencia. También dio el contacto de la oficina para coordinar los operativos de requisa y destrucción de máquinas en situación irregular, conforme a la norma. Además, se pone a disposición para “cualquier aclaración conveniente”.
Antes de la nueva ley, se difundió el malestar respecto a las tragamonedas y luego se constató que la Conajzar estaba violando su propia normativa. Algunos legisladores sostuvieron que se trata de la creación de una estructura para lavado de dinero y obtención ilícita de recursos, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación (aún en curso).
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A pesar de todo esto, la Conajzar no aclara por qué no ha anulado el contrato con iCrop, tachado de ilegal desde su origen. Al contrario, la empresa figura en la lista de concesionarias habilitadas.
Más 23.000 máquinas ilegales
Mediante el expediente N° 55.097 del portal de Acceso a Información Pública (AIP), se pudo conocer que en abril último existían 23.617 tragamonedas que operaban en comercios no exclusivos de juegos de azar, conforme al censo hecho por iCrop y declarado a Conajzar.
Los responsables de al menos 202 de esas máquinas pagaron a iCrop por su “gestión”, consistente en crear una base de datos de todas las tragamonedas que estén en despensas, bares y otros comercios no exclusivos de juegos de azar (es decir, los sitios prohibidos).
Con la nueva ley de tragamonedas que refuerza la prohibición de su uso en sitios prohibidos, se dispone que los municipios gestionen la destrucción de tales máquinas, además de la aplicación de multas a los comerciantes infractores. Vale decir, hoy se tiene el registro de muchos de esos aparatos que funcionan de manera ilegal en el país, con ubicación geolocalizada, y la herramienta jurídica para destruirla. Aún así, no se observan acciones como esas por parte de las comunas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la influencia de tales máquinas.
