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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidenta interina es María Galván del Puerto, recomendó a la ciudadanía a recurrir a la justicia para brindar información pública. La indicación la dio ante el requerimiento de ABC de más datos, ya que se encuentra incompleta la respuesta dada por Conajzar vía portal de Acceso a la Información Pública (AIP).
ABC requirió una copia del Exp. 54.500 de Conajzar referente a los casinos online, precisando el detalle de las empresas habilitadas con su correspondiente Registro Único del Contribuyente (RUC) y representante legal. Al respecto, Livia Buzo, de Coordinación Técnica, indicó que esa información se encuentra disponible en el portal de Conajzar.
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Sin embargo, en la web sólo se dispone de una lista de firmas. Al insistírsele al respecto, respondió que “es demasiado trabajo incluir esos datos”, en referencia a agregar dos columnas más de información de interés pública, una para el RUC y la otra para representante legal de las empresas del rubro juegos de azar.
Insólitamente, recomendó que recurramos a la justicia para elaborar el documento más completo. “La normativa (la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental) establece que se pone a disposición sólo documentos existentes. Lo que se pide no hay”, dijo.
Agregó que “pone a disposición” los biblioratos para que ABC revise “uno a uno” los documentos, para sacar la información de las 29 concesionarias. Eso, “cuando venga el compañero” (encargado del área Acceso a la Información Pública), sin precisar quién es esa persona ni en cuánto tiempo. La supuesta “libre disposición de los documentos” en la oficina estatal es un argumento utilizado de manera reiterativa para en realidad no proporcionar información a la ciudadanía, conforme a la experiencia obtenida con los Expedientes Nro. 49.220, 44.638 y 44.452, entre otros, de AIP.
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“Transparencia Activa”
La Conajzar agregó un ítem de “Transparencia Activa” en su portal, que se desprende de la web de Hacienda. En este espacio asegura que cumple con el 100% de las exigencias del artículo 8 de la Ley N° 5282 de Transparencia. “Esta administración se compromete a seguir con los lineamientos tendientes a fortalecer la aplicación de políticas de integridad y transparencia en busca de la excelencia en la gestión”, afirma.
El citado artículo obliga a socializar cómo funciona la institución y el proceso de toma de decisiones, los programas en ejecución, informes de auditoría, viajes oficiales realizados, convenios y contratos celebrados, descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acceder a los documentos que obran en su poder y mecanismos de participación ciudadana, aspectos que no se encuentran en la web de Conajzar.
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Procesados por sospechas de corrupción
Cabe recordar que las autoridades y exmiembros de Conajzar se encuentran procesados por el Ministerio Público, por “legalizar” tragamonedas en sitios prohibidos, adjudicar la explotación de la quiniela a una firma morosa y canon en pandemia.
Los procesados son los miembros de la comisión Rubén Roussillón Blaires y Ricardo Núñez y los exintegrantes Carmen Corina Alonso, actual titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Omar Mongelós González, José Antonio Ortiz, Raúl Mariano Silva Busto; Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de Technologies Development of Paraguay SA (TDP) explotadora de la quiniela, y Sergio Coscia, exprocurador, por avalar la reducción del canon, según informó Fiscalía.
