El gobierno de Santiago Peña inicia el 2025 con importantes desafíos en el sector energético. La postergación de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú y la posible venta de energía de Acaray al Brasil, en condiciones cuestionadas, generan incertidumbre. En tanto, también la ANDE se prepara para una histórica emisión de bonos sin garantía soberana.
El MOPC informó en la fecha que desde el 2 de enero aumentará la tarifa en tres puestos de peaje que administra la institución. Además, desde mañana ya subirán los precios en los dos puestos administrados por Tape Porã SA en la ruta PY02. Los incrementos serán de entre G. 5.000 a G. 30.000.
Gustavo Canatta, quien fuera elegido como representante de los jubilados ante el Consejo de Seguridad Social, comentó que hasta ahora no recibieron contestación alguna por parte del Gobierno para formalizar su designación. Señaló que esto se podría dar porque aparentemente desde el Ejecutivo tienen algunos nombres digitados para colocar en ese puesto. En otro momento, adelantó la necesidad de auditar todas las cajas de jubilación, ya que -señaló- los malos manejos podrían hacer que algunas de ellas desaparezcan en unos años y los aportantes queden a la deriva.
A un día de FINALIZAR el año, la falta de claridad sobre la situación real de las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú mantiene en vilo al sector Energía de nuestro país y del Brasil. Pese a que algunas autoridades paraguayas hablaron de avances de hasta del 80% en las tratativas, el secretismo fue la constante, conducta que explica la incertidumbre acerca de si se logrará un acuerdo antes del 31 de diciembre u optarán por postergar la definición hasta el próximo año.
En el transcurso de 2024, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) estuvo en el centro de importantes debates y decisiones que marcaron el rumbo del sector energético paraguayo. Desde una posible venta de energía al Brasil, hasta tarifas diferenciadas, la empresa estatal se enfrentó a situaciones significativas en un contexto de creciente demanda de energía y presión social por mejoras en su gestión.
Aunque tengan enfoques distintos, el Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) son fundamentales para medir la evolución de precios en una economía. El IPP considera las variaciones en los precios de bienes producidos y vendidos por los productores en las primeras etapas de distribución, abarcando la industria manufacturera, extractiva y del sector energético. Este índice excluye costos adicionales, como transporte, comercialización e impuestos indirectos, siendo un reflejo directo de los costos de producción. Por otro lado, el IPC mide los cambios en los precios de una canasta básica de bienes y servicios consumidos por los hogares, permitiendo evaluar el costo de vida desde la perspectiva del consumidor final. Su cálculo incluye la ponderación de productos y servicios según su relevancia en el gasto de las familias.