Hickey, en libertad condicional, está obligado a usar tobillera electrónica, tendrá que presentarse al juzgado mensualmente y no tiene autorización para abandonar el país, según la decisión de la magistrada Juliana Leal de Melo.
El dirigente ha sido acusado de suministro o facilitación de entradas para su venta ilegal, delito que está penado con condenas de dos a cuatro años de cárcel.
Además del miembro del COI, el tribunal de Río de Janeiro inició procesos judiciales contra otras nueve personas, entre ellos el presidente de la empresa THG, el también irlandés Kevin Mallon, que fue detenido el 5 de agosto con cerca de 1.000 boletos en su poder y según las investigaciones, es el “brazo derecho” de Hickey.
Según las investigaciones, el Comité Olímpico de Irlanda contrató a la empresa Pro 10 para vender entradas de los Juegos Olímpicos y ésta se los transfería a THG, que los vendía a precios que llegaban a quintuplicar su valor nominal.
En el marco de esta causa, la Policía también pretende interrogar al presidente del COI, Thomas Bach, porque se ha encontrado un correo electrónico en el que Hickey le solicitó 500 entradas adicionales para diferentes eventos de los Juegos Olímpicos.
Aunque la Policía no halló ninguna respuesta de Bach, después de ese mensaje el Comité Olímpico Irlandés, presidido por Hickey, recibió 296 entradas adicionales para los Juegos.
Bach no regresó a Brasil para acudir a la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, con lo que fue el primer presidente del COI que se pierde esa cita desde 1984.
Tras su detención, Hickey renunció temporalmente a la Presidencia del Comité Olímpico Irlandés y a sus funciones en el COI, lo que incluye la Presidencia de los Comités Olímpicos Europeos y la Vicepresidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO).