El inicio del juicio a Rosell, acusado de “lavado de capitales a gran escala” de al menos 19,9 millones de euros desde 2006, está previsto para los días 25, 26 y 27 de febrero de 2019 en la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. El juicio seguirá del 11 al 14 de marzo, y del 25 al 27 de este último mes.
Junto al expresidente barcelonista, para el que la fiscalía de la Audiencia Nacional pide 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros, también serán juzgados su esposa Marta Pineda y otros cuatro colaboradores.
Todos ellos se habrían supuestamente apropiado de fondos de la Confederación de Fútbol Brasileña (CBF) por los derechos de retransmisión de sus partidos y de ingresos procedentes de un contrato de patrocinio con la marca deportiva Nike.
Según la juez instructora del caso, Carmen Lamela, Rosell, que había trabajado para Nike en Brasil antes de ser presidente del Barça, se habría aliado con el expresidente de la CBF, Ricardo Teixeira, quien se habría beneficiado también de estas actividades.
Texeira, ex vicepresidente de la FIFA, está siendo investigado por la justicia en Brasil así como en Estados Unidos, en el marco del “Fifagate”, el escándalo de corrupción que implicó a varios dirigentes del fútbol mundial.
El caso se centra en un contrato firmado en 2006 para vender la retransmisión de 24 partidos amistosos de la selección brasileña a una compañía con sede en Islas Caimán. Rosell y su esposa habrían recibido casi 15 millones de euros en sus cuentas como parte del negocio y luego habrían entregado 8,4 millones de euros a Texeira y conservado para ellos los restantes 6,6 millones.
Rosell y otras personas también están acusados de haber ocultado unos 5 millones de euros obtenidos ilícitamente por Texeira como parte de un patrocinio de Nike a la selección brasileña.
Elegido presidente del Barcelona en 2010, Rosell renunció al cargo en 2014 tras ser imputado por presunto fraude fiscal en el turbio fichaje de Neymar en verano de 2013. Rosell fue exculpado gracias a un acuerdo entre la directiva azulgrana y la justicia para que toda la culpabilidad la asumiera el club como persona jurídica.