Hace dos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó su escrito de acusación contra él solicitando una pena de 11 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal, así como una multa de 59 millones de euros.
Además de la fianza impuesta a Rosell para cubrir las posibles responsabilidades civiles que se le puedan imponer en sentencia, la juez de la Audiencia Nacional reclama también fianzas de 73,3 millones al abogado andorrano Joan Besolí; de 66,6 millones a la esposa de Rosell, Marta Pineda, y al presunto testaferro Pedro Andrés Ramos, así como de 53,3 millones para Shane Ohanessian y José Colomer, a los que también da un plazo de 24 horas para depositarlas.
En el auto de apertura de juicio oral, anunciando que envía al banquillo a estos seis investigados en la llamada operación Rimet por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal, acuerda mantener en prisión a Rosell, que ingresó en la cárcel en mayo de 2017 y recientemente, a petición suya, ha sido trasladado a un centro penitenciario catalán.
En el transcurso de esta investigación, Lamela apreció indicios de delito en una conversación de Rosell en la que se aludía a la supuesta compra ilegal de un hígado para trasplantarlo al ex defensa francés del FC Barcelona Eric Abidal.
Al no ser competencia de la Audiencia Nacional, la magistrada envió esta parte de las intervenciones telefónicas a un juzgado de Barcelona, que archivó a principios de año al no hallar indicios de delito, aunque ahora la Fiscalía de Barcelona ha anunciado que está estudiando pedir la reapertura.
En su escrito de acusación, además de las penas de cárcel y multa para Rosell, la Fiscalía también reclama 7 años de cárcel para su esposa y multa de 50 millones, y otros 10 años a Besolí y multa de 55 millones.
Los otros tres acusados en este caso son el ciudadano libanés amigo de Rosell Shahe Ohanneissian, quien se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y multa de 40 millones, y otros dos presuntos testaferros, Pedro Andrés Ramos y Josep Colomer, para quien la Fiscalía pide ocho y seis años de cárcel, respectivamente.
En el escrito, la fiscal afirma que los acusados, “al menos desde el año 2006, formaron una estructura estable, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala” dirigida por Rosell, en prisión por este caso y que era quien distribuía los roles dentro de la organización.
Los encausados, añade, facilitaban a la organización de Rosell “sus relaciones personales y profesionales, sus conocimientos sobre operativa bancaria, la creación y uso de denominaciones sociales de las que eran titulares -muchas de ellas, puramente instrumentales, sin infraestructura y radicadas en paraísos fiscales y/o territorios 'offshore'-, sus identidades y hasta sus propias cuentas bancarias”.
Todo ello para “permitir a otros la realización de determinadas operaciones cuya finalidad era la incorporación al tráfico legal de los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes cometidas en cualquier país del mundo”.
En este caso, les atribuye blanquear casi 20 millones de euros de mordidas obtenidas por el que fuera presidente de la CBF entre 1989 y 2012, Ricardo Teixeira, concretamente 14.972.612 millones que cobró en comisiones ilegales por los derechos de retransmisión de 24 amistosos de la selección brasileña y otros cinco millones de un contrato de patrocinio con la marca Nike.
De ese dinero, Rosell y su mujer percibieron 6.580.000 euros de los amistosos y el expresidente del Barcelona ayudó, con la colaboración de otros acusados, a ocultar parte de la comisión de cinco millones que recibió por Teixeira del contrato con Nike, detalla la fiscal.