El departamento de Justicia hizo público hoy un comunicado en el que anuncia que han sido presentadas 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por “organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros”. El resto de los federativos acusados son el costarricense Eduardo Li, el nicaragüense Julio Rocha, el trinitense Jack Warner, el venezolano Rafael Esquivel, el brasileño José María Marín y el caimanés Costas Takkas.
La Justicia estadounidense no ha formulado cargos contra el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, que se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zúrich. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Policía de Suiza confirmó la detención esta madrugada de seis de estos altos responsables de la FIFA que estaban en Zúrich y cuya extradición ha sido concedida a Estados Unidos.
También están acusados los ejecutivos de empresas relacionadas con la FIFA, Alejandro Burzako, de la argentina Torneos y Competencias; Aaron Davidson, de Traffic Sports USA, y Hugo y Mariano Jinkis, del Full Play Group de Argentina. Según esta investigación los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre los 47 cargos por el enriquecimiento ilícito durante 24 años mediante la corrupción del fútbol, los beneficiarios habrían logrado “lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales”. Otros presuntos involucrados en esta investigación citados en el comunicado oficial son Charles Blazer, ex secretario general de CONCACAF y antiguo representante de Estados Unidos en el comité ejecutivo de la FIFA y José Hawilla, propietario y fundador del conglomerado mediático brasileño Traffic.
“Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada” es la descripción de la fiscal general Loretta Lynch, que puntualiza que “se ha extendido en las dos últimas generaciones de federativos que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en mordidas y sobornos”. La fiscala general norteamericana señala como víctimas a multitud de competiciones y torneos de países en desarrollo que deberían haberse beneficiado de los ingresos generados con la comercialización de los citados derechos y los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo.
Algunos de los responsables de estos delitos pueden afrontar penas de cárcel de 20 años, según la nota, que precisa que además de los 10 años de prisión que le pueden pedir, a Figueredo le podrían revocar su nacionalidad estadounidense por falsificación.