La ONG dijo en un comunicado que "los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país" a pesar del paquete de reformas aplicado en Catar para mejorar las condiciones de los "cientos de miles" de trabajadores migrantes que han participado en la construcción de estadios e instalaciones para la Copa del Mundo.
Asimismo, reconoció que estas reformas, que incluyen entre otros un salario mínimo y el fin del sistema de tutela por parte de los empleadores, "han supuesto algunas mejoras notables para los dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes en el país".
Sin embargo, apuntó que la falta de implementación de estas reformas "sigue socavando el impacto de estas mejoras" en los migrantes, puesto que "miles de personas que trabajan en todos los proyectos (del Mundial) siguen enfrentándose a problemas".
Entre ellos destacó retrasos o impagos de salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la Justicia.
También subrayó que "la muerte de miles de trabajadores sigue sin investigarse".
En este sentido, Amnistía recordó que el pasado mayo varias ONG, aficionados y sindicatos lanzaron una campaña para pedir a la FIFA y a las autoridades cataríes "el establecimiento de un programa de indemnización con el fin de compensar a la población trabajadora y evitar abusos en el futuro".
Esta campaña recibió el apoyo de otras asociaciones de fútbol, como la belga, la francesa, la inglesa, la alemana y la holandesa, pero aún así, AI denunció que "Catar y la FIFA siguen sin ceder" y que "el tiempo para que haga lo correcto se les está acabando".
En este sentido, la ONG instó una vez más a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que "tenga un gesto público en defensa de los derechos humanos en Catar, no solo de los trabajadores y trabajadoras migrantes, sino de todas las personas", como la perseguida comunidad LGBT en este país árabe.
El Gobierno de Catar alega que en 2018 se estableció un fondo para desembolsar los pagos a los empleados cuando una empresa se declara insolvente y, hasta finales de 2021, se abonaron cerca de 160 millones de euros a más de 36.000 trabajadores.