Las acusaciones se centran en presuntos delitos de corrupción activa y pasiva, favorecimiento personal, violación de secreto de justicia o falsedad informática, entre otros.
Según una nota divulgada este martes por el Ministerio Público, hay indicios acreditados de que los funcionarios judiciales transmitieron al trabajador del Benfica, al menos desde marzo de 2017, informaciones relevantes alusivas a procesos delictivos en curso. Dicha información facilitada se refería a procesos aún en los tribunales relacionadas con el fútbol o de clubes adversarios del Benfica.
Los hechos ocurrieron en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 y “las informaciones fueron obtenidas de forma ilícita a cambio de beneficios para los funcionarios y ventajas ilícitas para el Benfica”, según la Fiscalía.