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Vásquez fue acusado por la justicia estadounidense en diciembre de 2015 de asociación para delinquir, fraude bancario y lavado de dinero, delitos pasibles de una pena máxima de 20 años de cárcel cada uno.
La justicia estadounidense asegura que Vásquez recibió sobornos a cambio de derechos televisivos y de marketing de partidos de la selección salvadoreña, y por facilitar la participación de la selección en partidos amistosos.
El acusado debe comparecer de manera virtual ante la jueza Pamela Chen, a cargo del megaescándalo de corrupción en la FIFA.
Hace poco más de un año, en octubre de 2019, la FIFA suspendió a Vásquez de por vida en toda actividad ligada al fútbol.
En marzo de 2017 Vásquez fue condenado a ocho años de prisión en El Salvador por otro delito: malversación de cotizaciones sociales de más de 200 empleados, por un monto cercano a 400.000 dólares.
El escándalo conocido como “Fifagate” destapado por Estados Unidos en mayo de 2015 dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de márketing deportivo a entonces dirigentes del fútbol de las Américas a cambio de los derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de los torneos continentales, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores.
En el marco del caso, que provocó la caída del jefe del organismo, Joseph Blatter, el gobierno estadounidense ha acusado a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.
De los cerca de 45 acusados, cinco han fallecido. Un total de 26 se declararon culpables, y de ellos al menos seis han sido sentenciados.
Tres se declararon inocentes y fueron a un histórico juicio en Nueva York a fines de 2017: el exjefe del fútbol brasileño José Marin y el expresidente del fútbol paraguayo y de la Conmebol Juan Ángel Napout fueron hallados culpables y encarcelados, mientras el exjefe del fútbol peruano Manuel Burga fue absuelto.
Una decena aún están en sus países, donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición.