El nombre de cazón también se le da a tiburones pequeños, lo que refuerza el problema de venta irregular por la confusa delimitación de aquellas especies que pueden llegar a desaparecer, como la raya “viola” (Squatina occulta), considerada “ críticamente amenazada”.
El caso del tiburón martillo (Sphyrna lewini), una especie difícil ya de encontrar en el litoral brasileño, también es alarmante, pues el 23 % del total de las muestras recogidas en los puntos de venta corresponden a este escualo, clasificado en el cuadro “vulnerable” de desaparecer.
La situación fue denunciada a Efe por el investigador de la Universidad Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) Hugo Valiati y su asistente Christian Sperb, responsables de elaborar un estudio divulgado por la Fundación Grupo Boticario de Protección de la Naturaleza.
“¿Cómo saber que el pescado que se está vendiendo es ese mismo? Muchas veces el consumidor no tiene la suficiente información y puede colaborar, involuntariamente, con un mercado que explota especies en extinción”, manifestó Valiati.
La recogida de muestras tuvo lugar en quince puntos de venta entre el norte de Santa Catarina y el sur de Rio Grande do Sul, durante los años 2012 y 2013, cuando los investigadores percibieron ciertas irregularidades en los mercados de pescado en esos estados fronterizos con Argentina y Uruguay.
Por medio de análisis genéticos se observó que para evitar la fiscalización de la mercancía, los pescadores cortaban la cabeza y las aletas de estas especies amenazadas, lo que imposibilitaba su correcta identificación. En tierra, la carne es vendida directamente como filete, lo que dificulta el reconocimiento por parte del consumidor.
“Creemos que, aún siendo posibles los engaños (involuntarios) en algunos casos para vender especies permitidas y más caras por precios menores, sí existe una mala fe”, apuntó Valiati.
El investigador indicó que la práctica puede causar daños irreversibles y “desequilibrio en los océanos”, observado por medio de la pesca excesiva de especies como los tiburones azul y amarillo, que tienen poca variación genética, lo que facilita el consumo irregular.
Para la directora ejecutiva de la Fundación Grupo Boticario, Malú Nunes, el descubrimiento choca y denota que casos similares ocurren desde hace mucho tiempo y en gran escala en Brasil, como la colecta de aletas de tiburón en el Nordeste, que luego son exportadas de manera ilegal principalmente para Asia.
Nunes resaltó que solamente el 1,5 % del área marina de Brasil es debidamente protegida, mientras que investigaciones apunta a que ese número debería ser del 30 % para evitar la intensa explotación y polución de los océanos. Como fruto del estudio fue elaborada una cartilla destinada a los pescadores para que sepan reconocer las especies amenazadas.
El Ministerio de Agricultura comunicó a Efe que desconoce la denuncia de venta irregular y daños ambientales citados y que ese tipo de casos son investigados siempre que el sector pesquero los denuncia. De acuerdo con Nunes, la fundación reúne las investigaciones y las presenta a las autoridades correspondientes de manera periódica.
Entre 2003 y 2015, el extinto Ministerio de Pesca y Acuicultura era el responsable de elaborar el Plan Nacional para combatir la pesca ilegal, junto a las carteras de Medio Ambiente, Defensa, Agricultura y Justicia y la Marina, pero con la desaparición de ese despacho ministerial en 2015 la propuesta no fue más discutida.
En 2015, el Ministerio de Agricultura creó la Cámara Sectorial de Pesca y Acuicultura para “analizar el escenario de las dos cadenas productivas y proponer medidas para fortalecerlas”, tanto desde el aspecto económico, como en el legal.
Ya para Sami Pinheiro de Moura, director del Departamento de Planificación y Ordenamiento de la Pesca del Ministerio, el órgano directamente responsable por la fiscalización de la actividad de pesca en Brasil es el Ministerio del Medio Ambiente.