En su plan de evacuación presentado hoy, las autoridades provinciales determinaron además que otras 130.000 personas deberían abandonar sus hogares en caso de que la lava alcanzara las zonas residenciales cercanas a la ciudad de Fuji, al sur de este volcán de 3.776 metros -el punto más alto del país-.
El estudio se basa en un mapa creado por el Gobierno de Japón tras la última erupción del Fuji en 1707, producida semanas después de que un terremoto aumentara la presión en su interior. Conforme al plan estipulado por la provincia de Shizuoka, se han diferenciado diez áreas a los pies del volcán a las que se dirigiría la lava tras una eventual erupción.
Al margen de estos estudios, tanto Shizuoka como la vecina provincia de Yamanashi, que alberga la cara norte del Fuji, tienen designados tres tipos de zona de riesgo, cada una con protocolos de evacuación en función de las alertas (Amarilla, Naranja o Roja) de la Agencia nipona de Meteorología.
Las advertencias no solo afectan a las poblaciones colindantes, sino también a las más de 300.000 personas que, entre julio y agosto, suben cada año este volcán situado a unos 100 kilómetros al suroeste de Tokio.
Tal y como afirmó a Efe en octubre el portavoz del centro de Gestión de Emergencias y Desastres de Shizuoka, Takayoshi Iwata, “el Fuji podría entrar en erupción hoy o mañana”, ya que predecir con acierto el comportamiento de un volcán es todavía imposible.
El Instituto japonés de Investigación para Geología y Prevención de Desastres cree que la presión en la cámara de magma del volcán habría aumentado tras el gran terremoto de marzo de 2011 en el noreste del país, lo que aumentaría las posibilidades de erupción.
En caso de que el Fuji entrara de nuevo en erupción, los daños económicos serían importantes, tal como reflejó en 2004 un cálculo oficial que determinaba pérdidas por 2,5 billones de yenes (más de 20.400 millones de euros) y la cancelación de vuelos en los aeropuertos de Tokio y en otros regionales por la ceniza.