"Después de esa alineación de las 'big techs' con la extrema derecha, vamos a tener días difíciles por delante", señaló a los periodistas el jefe del área económica del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.
Preguntado sobre si es necesario una regulación para empresas como Meta, dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp, el titular de Hacienda respondió que "todo el mundo se está organizando" en esa dirección y que cualquier acuerdo debería tener alcance "internacional".
Haddad recordó que la semana pasada fue víctima de un video "ultrafalseado" en el que anunciaba nuevos impuestos para las embarazadas y para los dueños de mascotas.
El contenido se viralizó en las redes sociales y obligó al Gobierno brasileño a desmentir la información.
También circuló de forma intensa que el Ejecutivo iba a empezar a cobrar por el uso del sistema de transferencias automático que funciona en el país desde finales de 2020. En esa ocasión, fue el propio presidente Lula el que desmintió la noticia falsa.
Haddad mencionó también que desde este martes se está difundiendo en las redes otra noticia falsa sobre su gestión relacionada con la imposición de "un tributo ambiental sobre los vehículos con más de 20 años".
"Existe una extrema derecha hoy organizada en el mundo, con un poder de fuego bastante grande, y eso es muy delicado para la democracia", manifestó Haddad.
El debate sobre la regulación de las tecnológicas ha vuelto a tomar fuerza en Brasil, después de los cambios en las políticas de verificación y moderación de contenidos anunciados por Meta.
La empresa pondrá fin a su programa de verificación de datos independiente en Estados Unidos y ha puesto en marcha una serie de cambios en relación a su política de "conductas de odio" con el objetivo de "garantizar un mayor espacio a la libertad de expresión".
El Gobierno de Lula ha expresado su "grave preocupación" sobre este volantazo de Meta, que la prensa asocia a un intento del consejero delegado Mark Zuckerberg de acercarse a Donald Trump, quien dentro de una semana asumirá la Presidencia de EE.UU..
En opinión de la Abogacía General del Estado brasileño, los cambios en las políticas de Meta "no se adecúan a la legislación brasileña" y "no son suficientes para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía", por lo que estudiará posibles medidas.
Meta, por su parte, señaló en un escrito que el fin de su programa de verificación, "por el momento", solo afecta a EE.UU. y ratificó su compromiso con los derechos humanos.