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La propuesta legislativa original, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental" fue introducida por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI). La misma fue basada en la ley modelo de la OEA y resultado de varios debates entre sectores interesados.
Al ingresar a la Cámara de Senadores, la Comisión de Asuntos Constitucionales, dirigida por el senador Enrique Bachetta, “carneó” la propuesta. Fue claro que la misma, así como estaba, no convenía a los que desean continuar con sus “fechorías” sin cuestionamientos ni trabas de la ciudadanía.
Finalmente, tras fuertes presiones, se frenaron varios cambios en la ley. Sin embargo, uno de los cambios más profundos prosperó.
Se trata del Artículo 22, que delinea una serie de excepciones al acceso a la información, que podrían ser libremente interpretados por “servidores públicos” corruptos que desean mantener en secreto lo que realizan a espaldas de la moral y la misma ley.
La relatora especial para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, fue tajante al expresar que una ley de AIP es necesaria en una democracia (así como lo han hecho varios organismos nacionales e internacionales). También aclaró que las excepciones de esta legislación deben ser “absolutamente acotadas”.
La propuesta original del Artículo 22 detallaba que las únicas excepciones al acceso a la información, eran las que ya fueron establecidas por otras leyes. A eso debe volver esta propuesta para que esta legislación no se convierta en otra infame “ley mordaza”.
Esperemos que los diputados, que podrían tratar la legislación este miércoles, sean más sensatos que los senadores y logren responder a las necesidades de una democracia. Están todos en la mira.
Si estás de acuerdo con una ley de acceso a la información pública sin restricciones, firmá el siguiente manifiesto.
#NoAl22