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El debate contra la ley de Alianza Público-Privada se centra en la “privatización” y “concesión”, lo que me parece errado.
El problema está en el artículo Nº 52 del proyecto de ley conocido como de alianza público-privada o APP. El mismo detalla: “El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar los términos, contenidos, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados”.
Esto otorga aún más poderes al presidente Horacio Cartes y su equipo, violando el Art. 3 de nuestra Constitución Nacional, que detalla claramente: “El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Es la segunda legislación que viola este artículo, la primera siendo la modificación de la Ley 1.337/99 de Defensa Nacional, que otorgó al Poder Ejecutivo los poderes para disponer de forma inmediata el uso de las fuerzas militares contra actos de “terrorismo”.
Soy de las que en principio apoyarían una privatización de Petropar, por ejemplo, y creo que las alianzas público-privadas pueden resultar muy beneficiosas para nuestro país. Pero, ¿no se podría confeccionar una ley similar sin otorgar estos poderes discrecionales al Ejecutivo?
Así nos podríamos ahorrar otro golpe a nuestra ya moribunda democracia.