La Justicia Electoral anunció que el día de las elecciones de abogados representantes para el Consejo de la Magistratura (CM), realizará un control cruzado del padrón y en caso de identificar a algún elector que haya sufragado en más de una ocasión, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia para los procedimientos de rigor. La ley prevé sanción de hasta 3 años de cárcel.
La Operación Cicatriz fue el hecho más importante en la política paraguaya en el 2020. En plena pandemia, en julio, se concretó el pacto entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes, que tuvo consecuencias no solo partidarias sino también en el Congreso Nacional, en la Fiscalía, en la Justicia y en los órganos extrapoder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Con el “abrazo covid”, Abdo asegura completar su mandato hasta el 2023, Cartes se protege y fortalece aún más su poder sin necesidad de estar en el Palacio de López, los colorados procesados van logrando “blanquearse” y se afianza un modelo no democrático que puede ser peligroso para la República.
De falta total de respeto y consideración calificaron los abogados por las malas condiciones que ofrece el Poder Judicial a los profesionales que tienen que formar largas filas, por horas, e incluso bajo el ardiente sol cada vez que acuden a los juzgados. Piden que la Corte Suprema corrija las deficiencias.
Óscar Paciello, miembro del Colegio de Abogados y candidato por este gremio para representarlos ante el Consejo de la Magistratura (CM), afirmó que la exclusión de funcionarios públicos del padrón se ajusta a la ley, y que solamente de esta forma se logrará la independencia de la Justicia.
El viernes pasado se cerró el periodo de tachas y reclamos del prepadrón, que será utilizado en la elección de abogados para representantes ante el Consejo de la Magistratura. Los comicios están previstos para el 23 de mayo, pero la Corte modificaría esta fecha en atención a la pandemia ocasionada por el coronavirus. La exclusión de los funcionarios del prepadrón abre una nueva expectativa sobre las posibilidades de los candidatos.
En una sesión plenaria extraordinaria de la Corte Suprema realizada el viernes pasado, se ratificó que de las elecciones de abogados para representantes ante el Consejo de la Magistratura, están excluidos del sufragio los jueces, fiscales, defensores públicos, síndicos, policías y militares.
La exclusión de funcionarios del padrón de la lista de abogados para las próximas elecciones de este gremio cambia el escenario para muchos candidatos que tenían cautivo el voto de jueces, fiscales y defensores públicos. Se avecina una reñida puja por acceder a dos lugares en el Consejo de la Magistratura.
La terna para ministro de la Corte ya está en manos de la Cámara de Senadores que debe designar, con acuerdo del Ejecutivo, al nuevo integrante del Poder Judicial. La integración de la terna, una vez más, tuvo una fuerte injerencia política. La oposición analiza pedir la nulidad del proceso por maniobras realizadas en el Consejo de la Magistratura (CM).
Con cuestionamientos a los puntajes asignados en la evaluación de audiencias públicas, el Consejo de la Magistratura cierra hoy el concurso para llenar la vacancia en la Corte dejada por la jubilada ministra Miryam Peña Candia, con la integración de la terna. Las versiones de injerencia política, como siempre, no estuvieron ni están ajenas a este proceso. Entre los 10 primeros ubicados en el concurso se debería elegir a los candidatos a la Corte.