La viralización en los últimos días en las redes sociales de una denuncia sobre fotografías de excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935) encontradas supuestamente tiradas en el distrito de Limpio generó la indignación de la ciudadanía por el trato hacia la memoria de los héroes. Varios incluso emitieron todo tipo de calificativos sobre la acción atribuida a la Municipalidad, administrada actualmente por Carlos Palacios (colorado cartista).
![La foto de archivo bajamos de la página web de TSV SRL. Corresponde al nuevo centro de monitoreo del 911 que equipó en 2014 mediante un contrato de G. 59.990 millones.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Farc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2F6THW7QOABNDTHG6Y6APXXRXQYA.jpg?auth=1d862425985070eeb0a2bced25630af393276b0353e8db94f364aa133bb3e5ed&width=270&height=175&smart=true)
Desde el 2011 TSV SRL es la única proveedora de tecnología al sistema 911 de la Policía, que ahora alega “dependencia tecnológica”. Se desconoce si funcionan las cámaras de reconocimiento facial y de chapas que proveyó en 2018.
![Esta foto publicó en su página en Internet la empresa TSV SA, ganadora de los dos contratos de Conatel para proveer las cámaras.](/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2074)
Poco resultado logró la Policía con las cámaras de reconocimiento facial, financiadas con G. 38.000 millones de Conatel. No sabemos si operan, porque por “cuestiones de seguridad” nos negaron acceso a la sala de monitoreo.
![La construcción en el fondo del inmueble ya fue pintada con el color del partido de la diputada Esmérita Sánchez de Da Silva.](/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2074)
![Se puede ver la mancha del hidrocarburo en el agua, donde los operarios del astillero del diputado Bachi Núñez y su mujer limpian, reparan y desguazan embarcaciones.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Farc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2FLZKCOMZCXJHTPPOF6CTG7YMBME.jpg?auth=2fed344bfb16b86edffdc15bf153d1bf8a02ec309ecfcb8400383ab519dc83dd&width=270&height=175&smart=true)
El Astillero Villa Hayes está provocando una grave contaminación de las aguas del río Paraguay. El negocio pertenece al diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y su pareja, la novel concejala Nidia Cabrera Zaracho.
![Parte del contrato firmado el año pasado entre la presidenta de la Opaci María del Carmen Benítez y Fernando Muñoz Sanier, de Tecsisfocus, no homologado por la ANTSV.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Farc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2FXUTAKRQTXBFKHIJH7G2I55FDRI.jpg?auth=692416053c31fd0b79e4dbe90038a83e74f33051e396c54105728101ac72a981&width=270&height=175&smart=true)
La Opaci adjudicó el año pasado, sin licitación, el manejo de la base de datos de licencias a la firma Tecsisfocus. Al igual que el caso de las multas de tránsito, se amparó en un dudoso convenio de delegación de tareas con la ANTSV.
![Calle Gral. Díaz de Ypacaraí donde supuestamente funciona Protoniquel SA, propiedad de Silvino Martínez y Priscila Rojas Barreto. La firma es representada por el argentino Mariano Bisarello.](/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2074)
Protoniquel SA, representada por el argentino Mariano Bisarello, hizo constar una dirección inexistente en el contrato, que miembros de la junta directiva de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) recomendaron aprobar, para la administración de multas de tránsito, que solo la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), según la Ley 5016/14, puede hacer.
![El dictamen del consejo asesor de la Opaci del 12 de agosto que recomienda aprobar el contrato presentado el 7 de agosto por la empresa Protoniquel SA.](/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2074)
La Opaci proyecta concesionar el control de infracciones de tránsito violando la Ley 5016/14, de “Tránsito y Seguridad Vial”. El consejo asesor de legislación de la institución ya dio su parecer para firmar el contrato con Protoniquel SA, amparado en un convenio marco por el que la Agencia Nacional, cuando dirigía el funcionario de Opaci Justo Domínguez, le delegó sus funciones.
![Camilo Benítez, contralor general de la República, justificó la excesiva demora diciendo que hay errores en el borrador.](/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2074)
Pasaron tres años y la Contraloría no termina la auditoría iniciada al ejercicio administrativo 2015 de la Opaci, que en ese entonces estaba manejada por el “clan Núñez” de Villa Hayes. “El borrador tiene serios cuestionamientos y está analizando la directora general de Control Gubernamental”, justificó el contralor Camilo Benítez.
Un informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) hace un verdadero festín con los recursos de los contribuyentes municipales. El resultado revela que no existen documentos respaldatorios por más de G. 17.233 millones, además de otras millonarias diferencias.